La denominada Agenda 50/50 comienza a pasar del discurso político a una discusión concreta sobre leyes, recursos y competencias.

El gobernador del Beni, Jesús Egües, informó en entrevista con el programa AM que las gobernaciones y el Gobierno nacional establecieron como fecha límite el 30 de octubre para contar con un anteproyecto de ley referido a la coparticipación de los recursos tributarios nacionales.

“Hasta el 30 de octubre vamos a tener ya el anteproyecto de ley de lo más esperado, que es la coparticipación de los recursos tributarios del Gobierno nacional”, afirmó Egües.

Sin embargo, todavía queda pendiente el punto más complejo de la negociación: cuánto recibirá cada departamento y bajo qué criterios se distribuirán esos recursos.

El porcentaje todavía no está definido

Egües dejó claro que aún no existe un acuerdo definitivo sobre los porcentajes que corresponderán a las gobernaciones.

La discusión deberá resolver además una diferencia estructural entre los departamentos que concentran mayores niveles de recaudación tributaria y aquellos que generan menos ingresos fiscales.

El gobernador mencionó particularmente la situación de Beni, Pando, Oruro, Chuquisaca y Tarija frente a economías departamentales de mayor tamaño como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Por ese motivo, varias regiones plantean incorporar un fondo de compensación que permita evitar que el nuevo esquema profundice las diferencias económicas entre departamentos.

“Hemos solicitado que se pueda trabajar también en un fondo de compensación para estos departamentos que tienen tributos bajos”, explicó Egües.

Doce medidas para avanzar hacia el 50/50

Según el gobernador, la hoja de ruta acordada dentro de la Agenda 50/50 contempla 12 medidas.

Ocho corresponden a alivio y soberanía fiscal, mientras que otras cuatro forman parte directamente del denominado pacto fiscal o Agenda 50/50.

Egües aseguró que algunas medidas ya comenzaron a producir resultados.

Entre ellas mencionó la aprobación de normas relacionadas con salud, prediarios y títulos de bachiller. De acuerdo con sus cálculos, estas decisiones representarían un alivio aproximado de Bs 16 millones para la Gobernación del Beni.

También señaló que se trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en mecanismos de readecuación o reprogramación de las deudas que mantienen las gobernaciones con distintas entidades.

Tres leyes están en la mira

La discusión no terminará con una sola norma.

Egües indicó que los gobiernos departamentales identificaron al menos tres leyes que pretenden modificar o reemplazar para avanzar en una mayor autonomía fiscal y administrativa.

Entre ellas mencionó la normativa relacionada con la coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales; la legislación vinculada al descuento de recursos departamentales destinados a exploración hidrocarburífera; y una norma relacionada con cooperación internacional.

En este último punto, el gobernador planteó flexibilizar los mecanismos que actualmente deben atravesar las gobernaciones para acceder a financiamiento y donaciones internacionales.

El objetivo sería que determinados recursos puedan ser aprobados mediante las asambleas legislativas departamentales, reduciendo trámites ante el nivel central.

“Cada departamento tiene su propia demanda, tiene su propia concepción de desarrollo y tiene sus propias exigencias”, sostuvo.

El fondo de compensación será una de las peleas más difíciles

Aunque existe un avance político, la negociación económica recién comienza.

Cuando en AM le plantearon que el acuerdo político parecía encaminado pero permanecían pendientes el financiamiento, los porcentajes y el fondo de compensación, Egües reconoció que allí se encuentra probablemente la parte más complicada del proceso.

“Eso va a ser lo más complicado en las mesas técnicas: definir eso, ponernos de acuerdo entre Gobierno nacional y gobernadores”, afirmó.

La fórmula será determinante.

Una distribución estrictamente relacionada con la recaudación tributaria podría favorecer a los departamentos con economías más grandes, mientras que un sistema basado en población, necesidades, territorio u otros indicadores produciría resultados diferentes.

Por eso el fondo de compensación aparece como uno de los instrumentos que podrían equilibrar la nueva distribución.

Salud, educación, energía y minería también entran al debate

La Agenda 50/50 no se reduce a repartir dinero.

Egües confirmó que también se instalaron mesas técnicas sectoriales en áreas como educación, salud, energía, minería y desarrollo productivo.

La intención es discutir qué responsabilidades permanecerán bajo administración nacional y cuáles podrían pasar progresivamente a los gobiernos departamentales.

Pero esa transferencia tendría que venir acompañada de recursos y mecanismos para medir resultados.

El gobernador reconoció que también existe preocupación sobre cómo fueron administrados recursos públicos en el pasado y consideró necesario incorporar indicadores de eficacia y eficiencia.

Beni quiere convertir recursos en producción

Egües señaló que el nuevo esquema deberá permitir que cada departamento construya su propio modelo de desarrollo dentro de una planificación nacional.

En el caso del Beni, destacó su potencial agropecuario y forestal.

Según explicó durante la entrevista, el departamento tendría alrededor de 5,5 millones de hectáreas con potencial para actividades agropecuarias y forestales, además de aproximadamente 9 millones de hectáreas de bosque que podrían ser aprovechadas en iniciativas relacionadas con bonos de carbono.

La aspiración, sostuvo, es avanzar hacia un Beni más productivo utilizando las características propias del departamento.

El 30 de octubre será la primera gran prueba

La Agenda 50/50 entra ahora en una fase mucho más compleja.

El acuerdo político existe y ya hay una hoja de ruta, pero quedan pendientes las preguntas que definirán si el nuevo modelo realmente puede funcionar: cuánto dinero se redistribuirá, quién recibirá cuánto, qué competencias serán transferidas y cómo se compensará a los departamentos con menor recaudación.

El primer gran plazo está fijado.

Hasta el 30 de octubre debería estar listo el anteproyecto de ley de coparticipación tributaria.

A partir de ahí comenzará probablemente la discusión más difícil: convertir el 50/50 en números concretos.