Los últimos hechos violentos registrados en Santa Cruz volvieron a poner sobre la mesa una discusión que trasciende los operativos policiales: ¿tiene el departamento la cantidad de efectivos y las herramientas institucionales necesarias para enfrentar al crimen organizado?
La vicegobernadora Jessica Paola Aguirre, quien ejerce temporalmente como gobernadora ante la ausencia del gobernador Juan Pablo Velasco, sostuvo en el programa AM que la seguidilla de sicariatos y hechos criminales ya no puede analizarse como una sucesión de casos aislados.
“Ya no se trata de hechos aislados, sino del reflejo de un deterioro de la institucionalidad sostenido en el tiempo”, afirmó.
Según su análisis, la criminalidad expandió su campo de acción desde las zonas fronterizas hacia las principales ciudades del departamento y encontró terreno favorable en instituciones debilitadas por la corrupción y la falta de capacidad operativa.
“Vivimos en un país fallido”
Aguirre utilizó una de sus expresiones más fuertes al referirse al funcionamiento institucional del Estado.
“Lo primero que hay que hacer es aceptar que vivimos en un país fallido”, manifestó.
Según su criterio, existen instituciones afectadas por corrupción, inoperancia y falta de meritocracia que no estarían respondiendo adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos.
La expresión corresponde a una valoración política de la autoridad departamental y no a una calificación institucional oficial del Estado boliviano.
Para Aguirre, el problema de seguridad no podrá solucionarse únicamente con reuniones, anuncios o medidas temporales.
Santa Cruz necesitaría al menos 2.000 policías más
Uno de los datos centrales de la entrevista fue la diferencia que Aguirre asegura que existe en la distribución de efectivos.
Según la vicegobernadora, Santa Cruz cuenta actualmente con entre 5.000 y 6.000 policías, mientras que La Paz tendría más de 8.000.
“Eso significa que deberíamos al menos tener 2.000 efectivos más presentes en nuestro departamento”, sostuvo.
La autoridad vinculó esa necesidad con el crecimiento poblacional de Santa Cruz y con el aumento de las demandas de seguridad tanto en la capital como en las provincias.
También consideró insuficiente la posibilidad mencionada durante el programa de enviar aproximadamente entre 250 y 350 nuevos efectivos.
“Intrascendente”, respondió.
Según Aguirre, esa cantidad “no alcanza ni para cubrir la zona del Plan 3000 o de la Villa Primero de Mayo”.
Policía y militares en las calles
La gobernadora en ejercicio planteó que la ciudadanía necesita una mayor presencia visible de fuerzas de seguridad.
“Se necesita presencia de policías y de militares en las calles”, afirmó.
Para Aguirre, esa presencia debería formar parte de un plan de contingencia y no limitarse a operativos desordenados o circunstanciales.
Además de aumentar el número de efectivos, pidió incrementar los recursos disponibles para que puedan operar.
El planteamiento será uno de los temas que la Gobernación pretende discutir con el Ministerio de Gobierno.
El crimen organizado también mira a los jóvenes
Otro de los puntos de preocupación planteados por Aguirre tiene que ver con la captación de jóvenes por estructuras criminales.
“El crimen organizado está viendo en nuestros jóvenes capital humano de fácil captación y mano barata”, sostuvo.
La autoridad llamó también a reforzar el rol de las familias y preguntarse de dónde provienen determinados bienes o ingresos repentinos de jóvenes que no cuentan con una actividad económica que los justifique.
Aguirre advirtió además que, especialmente en algunas zonas fronterizas, existiría una romantización del narcotráfico y de la figura del narcotraficante como modelo de éxito.
Según describió, la expectativa de conseguir “mucho dinero” con poco esfuerzo puede convertirse en un mecanismo de captación.
De la frontera a la capital
Para la vicegobernadora, otro cambio preocupante es que la violencia vinculada a estructuras criminales ya no queda concentrada en territorios fronterizos.
Ahora los episodios también llegan a zonas urbanas.
Durante AM se recordaron recientes hechos de sicariato, un asesinato ocurrido en un taller y el asalto armado a una joyería, entre otros casos que han incrementado la percepción de inseguridad.
Aguirre sostuvo que la situación está afectando incluso la forma cotidiana de vivir en Santa Cruz.
“Ahora resulta que no podemos ni siquiera salir a cenar porque nos vamos a encontrar con un atraco”, señaló al referirse al clima de preocupación.
“Microgolpes” no son suficientes
Durante la entrevista se reconoció que la Policía ha logrado resultados en algunas investigaciones recientes, con aprehensiones vinculadas a asesinatos y robos de alto impacto.
Sin embargo, Aguirre sostuvo que todavía falta atacar estructuras superiores.
La discusión en AM definió esas acciones como “microgolpes” frente a organizaciones criminales que requieren investigaciones de mayor alcance.
El objetivo, según la autoridad, debería ser llegar a las cabezas de las estructuras y no solamente detener a quienes ejecutan directamente los delitos.
Más coordinación entre Gobernación y Policía
Aguirre también cuestionó las limitaciones que tiene actualmente la Gobernación para intervenir directamente en seguridad pública.
La Policía Boliviana depende funcionalmente del Gobierno nacional, situación que, según explicó, en determinados casos dificulta la coordinación con las autoridades departamentales.
Puso como ejemplo anteriores dificultades para conseguir apoyo policial en la ejecución de órdenes relacionadas con predios avasallados.
Ahora la Gobernación pretende establecer mejores canales para compartir información y coordinar acciones.
“Queremos establecer mayores canales de comunicación, coordinación y acceso a información oportuna y veraz”, explicó.
Una Guardia Departamental para Santa Cruz
En ese contexto aparece uno de los proyectos más importantes de la Gobernación: la creación de una Guardia Departamental.
La iniciativa necesitaría presupuesto y financiamiento para poder implementarse.
Aguirre relacionó directamente este proyecto con la discusión sobre la coparticipación tributaria dentro del Presupuesto General del Estado 2027.
El objetivo sería disponer de recursos propios para reforzar políticas de seguridad ciudadana y contar con personal dependiente de la Gobernación presente en las calles.
Para la autoridad, además, la propuesta constituye un paso dentro de la profundización del modelo autonómico cruceño.
¿Debe el gobernador recuperar mando sobre la Policía?
La conversación avanzó hacia una discusión todavía más profunda.
En AM se planteó si el gobernador de Santa Cruz debería recuperar algún grado de mando sobre el Comando Departamental de Policía, como ocurría bajo el antiguo modelo de prefecturas.
Actualmente las principales decisiones sobre la Policía continúan concentradas en el Gobierno nacional.
Aguirre considera que es momento de discutir una mayor autonomía.
“Siempre va a ser momento de luchar por más autonomía”, respondió.
Según su interpretación, durante los últimos años el centralismo debilitó progresivamente las capacidades del modelo autonómico.
La autoridad plantea que el nuevo relacionamiento entre Santa Cruz y el Estado debe incluir también la seguridad.
Menos cumbres y más resultados
Aguirre también expresó escepticismo respecto de las tradicionales reuniones convocadas después de cada crisis de seguridad.
“Soy enemiga del tema de las mesas técnicas, de las reuniones”, reconoció, aunque aclaró que como autoridad está obligada a participar de esos espacios.
Su propuesta es reducir las promesas y concentrarse en medidas verificables.
“Es preferible ser sincero y decir: dos o tres cosas son las que vamos a ejecutar, y no hacer un pliego de buenas intenciones que nunca se traducen en resultados concretos”, afirmó.
El mensaje apunta directamente a uno de los principales cuestionamientos que reaparece después de cada hecho violento: se anuncian operativos y acuerdos, pero semanas después vuelven a registrarse nuevos episodios.
Seguridad como condición para salir de la crisis
Para la gobernadora en ejercicio, invertir en seguridad en Santa Cruz tampoco debería entenderse exclusivamente como una demanda regional.
Considera que fortalecer al departamento tiene importancia nacional debido a su peso económico.
“Queremos desarrollarnos, queremos salir de la crisis. Tenemos que dar no solamente seguridad jurídica, sino también seguridad ciudadana”, sostuvo.
Su planteamiento combina entonces dos demandas.
Una inmediata: más policías, presupuesto y coordinación para enfrentar la criminalidad.
Y otra estructural: mayor autonomía para que Santa Cruz pueda tener herramientas propias de seguridad, incluida una Guardia Departamental.
La discusión queda ahora en manos del Gobierno nacional y de las autoridades regionales.
Pero después de una nueva seguidilla de hechos violentos, la advertencia de Aguirre es clara: Santa Cruz ya no quiere responder a cada sicariato con una nueva reunión.
Quiere cambiar el sistema con el que se enfrenta al crimen.
