El cambio de autoridades en el Ministerio Público puede ser una señal de renovación, pero todavía está lejos de significar una reforma estructural de la Justicia boliviana.

Esa es la lectura del abogado William Herrera Áñez, quien analizó en el programa AM la reciente posesión de los nuevos fiscales departamentales realizada después de la llegada de José Armando Urioste a la Fiscalía General del Estado.

Herrera considera que el Ministerio Público atraviesa actualmente un período excepcional de transición y advirtió que tres meses son insuficientes para transformar una institución que, según su evaluación, acumula problemas estructurales desde hace décadas.

Sin embargo, dejó una advertencia clara: el poco tiempo disponible no debe convertirse en una excusa para evitar decisiones urgentes.

“Si hay malos fiscales, esos deberían salir”, afirmó.

Una renovación que sorprendió

Herrera explicó que esperaba inicialmente que los fiscales decanos continuaran temporalmente al frente de las fiscalías departamentales durante el período de transición.

Tras la salida de Roger Mariaca, varios decanos habían asumido funciones por antigüedad, pero posteriormente el nuevo fiscal general decidió designar nuevas autoridades.

“A mí me hubiera gustado que hubieran continuado los decanos”, señaló Herrera.

Su argumento es práctico.

Al tratarse de una transición estimada en alrededor de tres meses, considera que funcionarios que ya conocían el funcionamiento interno del Ministerio Público podían ofrecer cierta continuidad mientras se preparaba un proceso de institucionalización.

Sin embargo, reconoció que la designación de nuevas autoridades forma parte de las facultades de la nueva conducción.

“No se ha institucionalizado el Ministerio Público”

Para Herrera existe una diferencia fundamental entre cambiar autoridades e institucionalizar la Fiscalía.

La renovación actual, explicó, responde a una coyuntura extraordinaria provocada por la crisis que terminó con la salida de Mariaca.

Por eso sostiene que todavía falta un proceso más profundo.

“No se ha institucionalizado el Ministerio Público. Simplemente se ha designado un fiscal general de emergencia por la propia coyuntura”, explicó.

Según su análisis, la institucionalización definitiva deberá establecer reglas, procedimientos, estabilidad y criterios profesionales que trasciendan los nombres de quienes temporalmente ocupan los cargos.

Tres meses son pocos, pero hay cosas que pueden hacerse ahora

Herrera considera que sería poco realista esperar una transformación completa en un período tan corto.

Pero eso no significa quedarse de brazos cruzados.

Entre las medidas inmediatas planteó realizar un diagnóstico interno, mejorar la transparencia, garantizar la continuidad de investigaciones sensibles, ejecutar auditorías cuando corresponda y revisar el desempeño de fiscales cuestionados.

“No vas a esperar que venga el fiscal general en enero para cambiar a los malos fiscales”, señaló.

Para el abogado, algunas transformaciones pueden avanzar simultáneamente mientras se prepara el proceso definitivo de institucionalización.

Pide una agenda concreta para los próximos tres meses

Uno de los puntos centrales de su análisis es la necesidad de que Urioste establezca públicamente qué pretende conseguir durante esta etapa.

Herrera considera que sería más útil plantear pocos objetivos concretos y medibles que intentar prometer una transformación imposible de completar en tres meses.

Entre las prioridades mencionó:

transparencia en la gestión, continuidad de procesos relevantes, auditorías en casos sensibles y revisión del funcionamiento interno del Ministerio Público.

El objetivo, sostuvo, debería ser que al finalizar la transición pueda evaluarse claramente qué se prometió y qué se logró.

“Que nos pueda decir: me propongo hacer esto y cuando salga podamos saber si se hizo o no se hizo”, resumió.

¿Hace ruido que un empresario haya sugerido a Urioste?

Durante la entrevista también se abordó la controversia generada después de que Urioste revelara que su nombre habría sido sugerido inicialmente por un empresario dentro del proceso que finalmente derivó en su elección.

Herrera restó dramatismo al hecho.

Consideró normal que dentro de la actividad política una persona recomiende o proponga a otra para ocupar determinado cargo.

“Alguien tiene que proponer a alguien. No puede aparecer un nombre del cielo”, expresó.

Para Herrera, el verdadero debate no debería concentrarse únicamente en quién acercó el nombre del actual fiscal general, sino en cómo actuará Urioste desde ahora y qué resultados dejará su administración.

“Todo fue muy rápido”

Eso no significa que el proceso de selección no merezca observación.

Herrera recordó que la elección se produjo durante una extensa jornada legislativa entre la medianoche y primeras horas de la mañana.

“Todo fue muy rápido, demasiado rápido”, sostuvo.

Aun así, considera que la discusión sobre la recomendación empresarial ya perdió relevancia frente al desafío mucho mayor que ahora enfrenta la nueva administración.

“Lo importante es lo que se haga de aquí para adelante”, señaló.

El crimen organizado amenaza a las instituciones

La reforma del Ministerio Público adquiere todavía mayor importancia por el contexto de seguridad que atraviesa Bolivia.

Herrera advirtió que el crimen organizado representa actualmente una amenaza no solamente para los ciudadanos, sino para la propia institucionalidad del Estado.

Por eso considera que una Fiscalía debilitada, politizada o sin capacidad operativa termina convirtiéndose en un problema de seguridad nacional.

El Ministerio Público necesita fiscales capaces de investigar estructuras criminales complejas y de resistir presiones políticas, económicas o del propio crimen organizado.

La reforma no puede quedarse solamente en la Fiscalía

Herrera plantea que el problema de la Justicia boliviana es mucho mayor que el Ministerio Público.

Según su diagnóstico, existen cuatro instituciones fundamentales que deberían ingresar en una reforma integral:

el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y el sistema penitenciario.

Modificar solamente una de ellas produciría resultados limitados.

“Hay una gran reforma estructural pendiente al interior del sistema judicial”, afirmó.

Su propuesta apunta a revisar todo el circuito: desde la investigación policial y fiscal hasta la actuación de jueces y el funcionamiento de las cárceles.

“Dos décadas perdidas”

El diagnóstico de Herrera es especialmente crítico.

Afirmó que Bolivia viene de aproximadamente 20 años en los que, en materia judicial, en lugar de avanzar se habría retrocedido.

Por eso considera que la reforma no podrá limitarse a cambios administrativos.

También serán necesarias modificaciones legales y eventualmente constitucionales.

El desafío es construir instituciones capaces de funcionar independientemente del Gobierno de turno.

El Poder Judicial, todavía sin cambios

Herrera marcó además una diferencia importante.

Mientras el Ministerio Público ya experimentó cambios de autoridades, considera que en el Órgano Judicial todavía no se observan transformaciones equivalentes.

“En el Poder Judicial no ha cambiado absolutamente nada”, afirmó.

Por eso calificó los movimientos dentro de la Fiscalía como pequeños pasos dentro de un problema mucho mayor.

También cuestionó que una eventual reforma estructural sea postergada hasta enero, considerando que existen acciones que podrían comenzar antes.

Los primeros resultados serán la verdadera señal

Durante la entrevista se planteó qué indicadores deberían observar los ciudadanos para saber si realmente está cambiando la Fiscalía.

Herrera pidió paciencia.

Han pasado apenas alrededor de dos semanas desde el inicio de esta nueva etapa y considera prematuro emitir una evaluación definitiva.

Pero adelantó cuáles deberían ser las señales:

más transparencia, procesos sensibles que continúen avanzando, auditorías cuando sean necesarias, fiscales cuestionados apartados y una hoja de ruta clara hacia la institucionalización.

Esos resultados serán mucho más importantes que los discursos.

Cambiar nombres no será suficiente

El Ministerio Público enfrenta una oportunidad excepcional.

Después de una crisis que golpeó directamente su credibilidad, la llegada de nuevas autoridades abre una ventana para comenzar a reconstruir la institución.

Pero Herrera advierte que renovar cargos no equivale a renovar la Justicia.

Tres meses pueden ser insuficientes para completar una reforma, pero suficientes para demostrar hacia dónde pretende caminar la nueva Fiscalía.

Y allí estará la primera prueba para José Armando Urioste y los nuevos fiscales departamentales: decidir si esta transición será solamente un cambio de nombres o el comienzo real de una depuración e institucionalización del Ministerio Público.