Las amenazas denunciadas contra la familia del presidente Rodrigo Paz Pereira abren una investigación penal, pero también vuelven a poner sobre la mesa una preocupación mucho más amplia: la creciente sensación de inseguridad que atraviesa Bolivia.
El Gobierno informó que las denuncias correspondientes ya fueron formalizadas ante el Ministerio Público después de conocerse amenazas contra familiares del mandatario y otras altas autoridades del Estado.
En entrevista con el programa AM, el abogado y analista Daniel Valverde consideró correcto que la Fiscalía y la Policía investiguen los hechos y determinen, entre otros aspectos, de dónde provienen las amenazas y quiénes estarían detrás.
“Si de verdad hay amenazas, lo correcto es que el Ministerio Público y la Policía hagan las diligencias investigativas”, señaló.
Sin embargo, Valverde advirtió que el problema no debe reducirse únicamente a la seguridad presidencial.
“El ciudadano común está en mayor vulnerabilidad”
Para Valverde, las autoridades nacionales cuentan con mecanismos de protección que no están disponibles para la mayoría de la población.
El presidente, ministros y otras altas autoridades disponen habitualmente de escoltas, vehículos y estructuras institucionales de seguridad.
El ciudadano común, en cambio, enfrenta la inseguridad sin esas herramientas.
“La gran mayoría de la población está en una situación de vulnerabilidad que no tienen las autoridades”, afirmó.
En AM se graficó esa sensación con una escena que empieza a repetirse entre vecinos: escuchar una motocicleta acercándose y asociarla inmediatamente con un posible hecho violento.
El temor, plantearon durante el programa, ya forma parte de la vida cotidiana.
De robos comunes a sicariatos y crimen organizado
Valverde sostuvo que la criminalidad actual presenta características distintas a las de décadas anteriores.
Ya no se trata únicamente de robo de celulares, vehículos o delitos patrimoniales.
Ahora el debate incluye sicariatos, asesinatos violentos, atracos armados y posibles estructuras relacionadas con crimen organizado.
El analista citó además información que habría revisado sobre la concentración de hechos violentos en Santa Cruz y manifestó especial preocupación por zonas como San Ignacio y San Matías.
Las comparaciones internacionales realizadas por Valverde durante la entrevista corresponden a su análisis y no constituyen una medición oficial presentada en el programa.
“Bolivia no tiene una política criminal”
Este fue uno de los cuestionamientos centrales.
Según Valverde, Bolivia continúa enfrentando la delincuencia mediante mecanismos fundamentalmente reactivos.
Ocurre un asesinato.
La Policía despliega efectivos.
Se produce un sicariato.
Se activan operativos.
Pero, según su criterio, falta una estrategia que permita anticiparse al delito.
“En Bolivia no hay una política criminal. Un país que no tiene una política criminal va a actuar por reacción”, sostuvo.
Para el analista, el Ministerio de Gobierno debería establecer las bases de una verdadera política criminal y preventiva, mientras que el Ministerio Público debería desarrollar con claridad una política de persecución penal.
Pide modernizar la Policía
Valverde considera que una estrategia nacional de seguridad requiere además una transformación policial.
Planteó la necesidad de modernizar, equipar y profesionalizar a la Policía para que pueda trabajar con mayor capacidad científica y preventiva.
“No podemos seguir en pleno siglo XXI con mecanismos de reacción y contención de la criminalidad que no han funcionado”, afirmó.
Su planteamiento coincide con un debate que ha ganado fuerza después de los últimos episodios violentos: la seguridad no puede depender exclusivamente de operativos posteriores a cada crimen.
Las amenazas deben investigarse
Valverde fue claro en un punto: que existan dudas políticas alrededor del caso no significa que las amenazas deban minimizarse.
Si existen mensajes, llamadas u otros elementos intimidatorios contra el presidente o su familia, corresponde determinar su origen.
La investigación debería establecer quién emitió las amenazas, desde dónde y con qué propósito.
Hasta entonces, cualquier conclusión sobre sus autores o motivaciones sería prematura.
El otro debate: ¿por qué hacer públicas las amenazas?
La entrevista entró posteriormente en un terreno político.
Valverde cuestionó que las denuncias hayan adquirido una fuerte exposición pública antes de conocerse resultados concretos de la investigación.
Según su interpretación, un asunto de esta naturaleza podría haberse manejado inicialmente mediante los canales policiales y fiscales correspondientes y comunicado posteriormente con elementos comprobados.
A partir de ello planteó una hipótesis política: que la difusión pública de las amenazas podría favorecer una narrativa en la que el presidente aparece enfrentándose a estructuras poderosas.
Se trata exclusivamente de la interpretación política de Valverde, no de un hecho demostrado.
Valverde habla de una posible estrategia comunicacional
El analista fue incluso más lejos y sostuvo que la reiteración pública del tema le genera dudas.
A su criterio, podría existir una estrategia para desplazar otras polémicas que han afectado la imagen gubernamental.
Habló de una eventual “cortina de humo” y de la construcción de una imagen presidencial asociada a alguien que estaría enfrentándose a mafias y estructuras criminales.
Pero el propio planteamiento queda en el terreno de la hipótesis.
No se presentó durante la entrevista evidencia que permita establecer que las amenazas hayan sido inventadas o que formen parte de una operación comunicacional.
Por eso ambos asuntos deben separarse: la existencia de una denuncia debe investigarse penalmente; el uso político o comunicacional que pueda hacerse de ella pertenece a otro debate.
“El tiempo confirmará o desvirtuará” esa hipótesis
Valverde reconoció que será el desarrollo de los acontecimientos el que permita comprobar o descartar su lectura.
“El tiempo va a confirmar o va a desvirtuar esa campaña mediática”, sostuvo.
Su advertencia es que una estrategia basada en victimización podría incluso producir el efecto contrario si la ciudadanía compara la protección disponible para una autoridad con su propia exposición cotidiana a la delincuencia.
La pregunta planteada en AM fue directa: si el presidente se siente inseguro teniendo todo el aparato estatal a su disposición, ¿cómo debe sentirse un ciudadano sin ningún tipo de protección?
El caso Condori también aparece en la discusión
Valverde vinculó además el escenario político con la reciente detención del senador suplente Nilton Condori.
Cuestionó la proporcionalidad de la medida y consideró que las polémicas declaraciones atribuidas al legislador —en las que se habló de “fusilar”— son reprochables, pero discutió que necesariamente deban encuadrarse bajo determinadas figuras penales utilizadas en la investigación.
Esta es la posición jurídica del analista.
Será la Justicia la que determine finalmente si las declaraciones constituyen delitos y cuál es la figura penal aplicable.
Entre seguridad real y pelea política
La denuncia por amenazas contra la familia presidencial reúne así dos debates diferentes.
El primero es concreto y urgente: determinar quién amenazó al presidente y a su entorno y establecer si existe un riesgo real.
El segundo es político: cómo utiliza el Gobierno públicamente esta situación y qué impacto tiene dentro de una coyuntura marcada por crisis económica, cuestionamientos institucionales y enfrentamientos entre diferentes sectores.
Confundir ambos planos puede perjudicar la investigación.
Pero ignorar cualquiera de ellos también sería un error.
La gran pregunta sigue siendo la seguridad de todos
Para Valverde, el verdadero problema termina regresando al mismo punto.
La protección del presidente es una obligación del Estado.
También lo es investigar cualquier amenaza contra su familia.
Pero una política de seguridad pública no puede limitarse a garantizar protección a quienes ocupan cargos de poder.
Debe alcanzar también al ciudadano que sale a trabajar, al comerciante, al conductor, al joven que vuelve de estudiar o a una familia que simplemente sale a cenar.
El desafío para el Gobierno no será únicamente esclarecer quién amenazó a Rodrigo Paz.
Será demostrar que puede construir una estrategia capaz de reducir la violencia y evitar que millones de bolivianos sientan que, frente al delito, están solos.
