El nuevo asalto a una joyería en Santa Cruz volvió a poner la inseguridad en el centro del debate y abrió interrogantes sobre la capacidad de respuesta policial frente a delitos cada vez más planificados.

En entrevista con el programa AM, el coronel Ramos analizó el hecho ocurrido la noche anterior y explicó que las características del robo permiten observar un nivel previo de organización.

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Según relató, en el ataque habrían participado cuatro personas movilizadas en dos motocicletas. Una de las motos fue posteriormente abandonada y localizada por la Policía, que habría detectado que había sido repintada para modificar su apariencia.

Para Ramos, este tipo de hechos no suele producirse de manera improvisada.

“Cualquier organización criminal o grupo criminal, necesariamente cuando escoge a una víctima, primero la estudia, la analiza, mira y observa la capacidad de reacción que tenga el lugar y el entorno”, explicó.

A partir de ese reconocimiento, agregó, los delincuentes detectan fortalezas y debilidades antes de ejecutar el golpe.

El caso llama especialmente la atención porque, según se recordó durante la entrevista, aproximadamente un mes antes se produjo un asalto a la misma joyería en Cochabamba, mientras que también existe un antecedente ocurrido hace varios años en Santa Cruz.

Aunque durante la entrevista se planteó la posibilidad de una relación entre los hechos, Ramos no dio por establecida esa conexión y sostuvo que deberá ser la investigación la que determine si existe un vínculo.

Santa Cruz y el déficit policial

Uno de los puntos más fuertes del análisis estuvo relacionado con la cantidad de policías disponibles para cubrir el departamento.

Ramos aseguró que Santa Cruz cuenta con cerca de 7.000 efectivos, pero explicó que parte de ese personal debe destinarse a seguridad bancaria, protección de entidades y labores de investigación.

Según su cálculo, quedarían aproximadamente 6.000 policías para atender las diferentes necesidades operativas del departamento.

“El Estado boliviano tiene en este momento una deuda social con el departamento”, afirmó.

Para el coronel, esa cantidad resulta insuficiente considerando la población, la extensión territorial de Santa Cruz y sus 15 provincias, además del crecimiento de la actividad comercial y económica.

El especialista insistió en la necesidad de contar con una presencia policial visible y permanente en calles, avenidas, parques y zonas comerciales.

Aclaró, sin embargo, que prevención e investigación criminal no son lo mismo.

Una patrulla visible puede disuadir determinados delitos, pero enfrentar organizaciones criminales requiere inteligencia, información y unidades especializadas.

¿Militares en las calles?

Durante la entrevista también se analizó el pedido de reforzar la seguridad mediante una mayor cooperación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

Ramos consideró que una fuerza de tarea conjunta, enfocada principalmente en prevención, puede contribuir a incrementar la presencia del Estado.

“La seguridad es un derecho que nos asiste absoluta y totalmente a todos”, sostuvo.

Para el coronel, la participación militar podría servir como apoyo preventivo, aunque insistió en diferenciar esa función de la investigación de estructuras criminales, tarea que requiere capacidades específicas de la Policía.

También apuntó hacia otro actor.

“Aquí falta uno de los estamentos: falta simplemente el Gobierno Municipal. ¿Dónde está la Guardia Municipal?”, cuestionó.

A su criterio, los gobiernos municipales también deberían fortalecer tareas preventivas en espacios públicos y sectores de alta circulación.

El crimen organizado entra en el debate

El programa consultó a Ramos sobre la posible expansión de organizaciones criminales transnacionales y mencionó específicamente al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, grupos brasileños vinculados al narcotráfico y otros delitos.

El coronel sostuvo que la debilidad institucional puede generar condiciones favorables para el avance de organizaciones con un fuerte poder económico.

En ese punto realizó duras críticas a la institucionalidad construida durante anteriores administraciones y consideró que la vulnerabilidad de instituciones como Policía, Fiscalía, Justicia y sistema penitenciario facilita la penetración del crimen organizado.

Estas afirmaciones corresponden al análisis y valoración del entrevistado.

Ramos advirtió además que una mayor presión contra organizaciones criminales en otros países de la región podría provocar desplazamientos hacia territorios considerados más vulnerables.

“Esos delincuentes, al momento de que están viendo que sus economías y su actividad van a ser dañadas, van a buscar algún otro lugar”, señaló.

Y agregó que Bolivia debe fortalecer sus instituciones para evitar convertirse en un espacio atractivo para estructuras criminales.

No solo narcotráfico

Para Ramos, el desafío no se limita exclusivamente al narcotráfico.

Durante su intervención mencionó también actividades como la minería ilegal y el contrabando, entre otros delitos que pueden vincularse con redes organizadas y movimientos de grandes cantidades de dinero.

El coronel sostuvo que enfrentar estas estructuras requiere coordinación institucional, inteligencia criminal y cooperación entre distintas instancias del Estado.

¿Se pueden rastrear las joyas robadas?

Otro de los aspectos abordados fue el destino del botín.

Durante el programa se planteó que algunas joyas de lujo, piedras preciosas y relojes poseen registros, códigos o elementos de identificación que podrían utilizarse para seguir su recorrido.

Ramos consideró que esa línea de investigación es válida, aunque advirtió que las organizaciones criminales pueden desarmar las piezas.

Según explicó, algunas redes no comercializan las joyas como productos terminados, sino que pueden separar metales y piedras para venderlos individualmente.

“Normalmente las organizaciones criminales simplemente las toman por kilo”, señaló al explicar cómo podría desaparecer la trazabilidad de determinadas piezas.

También recordó antecedentes de robos a joyerías en Santa Cruz y afirmó que en investigaciones anteriores se detectó la presencia de personas provenientes del exterior que llegaban al país para comprar ese tipo de mercancía robada.

El debate por una policía departamental

El asalto abrió además una discusión política sobre quién debería ejercer mayor control sobre la seguridad en Santa Cruz.

Durante la entrevista se mencionó el planteamiento del gobernador de tener mayor capacidad de decisión sobre la Policía y contar también con recursos para asumir responsabilidades en seguridad.

Ramos recordó que actualmente la Constitución concentra la función policial en la Policía Boliviana, pero consideró que el modelo puede ser discutido.

“La ley no está hecha en piedra”, afirmó.

El coronel recordó que en anteriores gestiones departamentales ya se planteó la idea de una policía departamental, además de inversiones en cámaras, vehículos y equipamiento de seguridad.

También señaló que existen modelos internacionales en los que conviven cuerpos federales, departamentales y municipales.

“No está de más pensar en que Santa Cruz pueda pedir el ejercicio propio de tener una policía departamental”, sostuvo.

¿Por qué no llegó un fiscal al lugar?

Otro punto abordado fue la ausencia visible de un fiscal durante las primeras actuaciones posteriores al robo.

Ramos explicó que no necesariamente un fiscal debe estar presente inmediatamente en todos los escenarios.

La primera intervención, señaló, corresponde habitualmente a la Policía, que asegura el lugar, realiza la acción directa, recolecta indicios y elabora el informe inicial.

Posteriormente, el caso es puesto en conocimiento del Ministerio Público para continuar con la investigación y la eventual judicialización.

Añadió que la presencia inmediata de un fiscal resulta especialmente necesaria cuando existen víctimas fallecidas.

Una señal de alerta

El nuevo asalto deja abiertas varias líneas de investigación: identificar a los cuatro participantes, determinar el origen de las motocicletas, reconstruir la planificación del robo, establecer el destino de las joyas y comprobar si existen conexiones con otros hechos similares.

Pero para Ramos, el problema va más allá de este caso.

Su diagnóstico apunta a una debilidad estructural: Santa Cruz necesita más presencia policial, mayor inteligencia criminal y una coordinación mucho más fuerte entre Policía, Gobierno central, Gobernación y municipios.

El robo a la joyería vuelve así a convertirse en una señal de alerta sobre una pregunta que preocupa cada vez más a la población: ¿está creciendo el delito más rápido que la capacidad del Estado para enfrentarlo?