La propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados vuelve a encender el debate político, económico y energético en Bolivia.

En entrevista con el programa AM, la diputada Lisa Claros confirmó que existe un proyecto de ley presentado por dos legisladores y aseguró que desde Alianza Libre solicitaron que la iniciativa sea retirada y revisada antes de avanzar en su tratamiento.

La legisladora cuestionó que el país discuta una nueva regularización sin contar primero con información precisa sobre cuántos vehículos indocumentados existen, cómo ingresaron al territorio nacional y cuál sería el impacto económico de incorporarlos formalmente al parque automotor.

“Nosotros hemos dicho que hay que revisar esta propuesta”, afirmó.

Según Claros, dentro de su alianza se manejaban estimaciones de entre 80.000 y 100.000 vehículos ingresados irregularmente, aunque remarcó que el Gobierno debería proporcionar cifras oficiales antes de tomar cualquier decisión.

“Bolivia no se puede convertir en un país que legaliza lo ilegal”

Uno de los argumentos centrales de la diputada está relacionado con la seguridad jurídica.

Claros sostuvo que una nueva nacionalización podría enviar un mensaje contradictorio a ciudadanos y empresas que adquirieron vehículos legalmente, pagaron impuestos o recurrieron a créditos para cumplir con las normas.

“Bolivia no se puede convertir en un país que legaliza lo ilegal”, afirmó.

La legisladora puso como ejemplo a transportistas que pueden adquirir un vehículo formal mediante financiamiento y comparó esa situación con unidades indocumentadas compradas a valores considerablemente menores.

A su criterio, una regularización sin condiciones claras terminaría perjudicando a quienes actuaron dentro de la legalidad.

“¿Qué mensaje estás dando a aquel que está cumpliendo la norma, aquel que está haciendo las cosas correctas?”, cuestionó.

Por estas razones, Claros sostuvo que no considera prudente realizar actualmente una nacionalización bajo las condiciones planteadas.

“Pan para hoy y hambre para mañana”

Consultada sobre la posibilidad de que una regularización permita al Estado generar ingresos en momentos de dificultades fiscales, la diputada utilizó una frase contundente:

“Es pan para hoy y hambre para mañana”.

Para Claros, el Estado podría recibir recursos inmediatamente mediante impuestos o pagos por regularización, pero posteriormente tendría que afrontar las consecuencias de incorporar miles de vehículos adicionales al parque automotor.

Uno de los principales problemas, señaló, sería el consumo de combustible.

Bolivia enfrenta actualmente dificultades para garantizar el suministro de gasolina y diésel, por lo que, según la legisladora, aumentar significativamente la cantidad de vehículos registrados podría incrementar todavía más la demanda.

“En este momento nacionalizar sería una quiebra para el país”, afirmó, argumentando que el Estado tendría que analizar cuánto recaudaría con la regularización frente al costo posterior asociado al abastecimiento y las subvenciones.

La declaración representa la valoración política de Claros sobre las consecuencias económicas de una eventual nacionalización.

El impacto sobre importadores y concesionarios

La diputada también puso el foco sobre las empresas que importan vehículos legalmente.

Según explicó, concesionarios e importadores formales generan empleos directos e indirectos, movimiento económico y actividad comercial, pero enfrentarían una competencia desigual si vehículos ingresados irregularmente son posteriormente legalizados.

Claros sostuvo que cualquier modificación normativa debería considerar también la situación de este sector.

Durante la entrevista se planteó incluso la posibilidad de revisar aranceles o establecer mecanismos temporales de alivio para empresas que han sido golpeadas por la crisis económica.

La legisladora recordó que actualmente existen incentivos para determinados vehículos eléctricos y consideró que la política arancelaria debería evaluarse técnicamente, analizando qué medidas pueden beneficiar realmente a la economía.

El otro problema: ¿cómo evitar que sigan entrando?

Para Claros, una eventual solución a los vehículos que ya están dentro del país sería insuficiente si paralelamente no se cierra la puerta al ingreso de nuevas unidades indocumentadas.

“Si ya legalizas cierto stock de movilidades, tienes que hacer algo para que ellos no sigan ingresando”, señaló.

La diputada sostuvo que cualquier debate debería comenzar con datos oficiales que respondan tres preguntas básicas: cuántos vehículos ingresaron, por qué ingresaron y cómo ingresaron.

También afirmó que el ingreso irregular implicaría responsabilidades de distintas instituciones encargadas del control fronterizo, aduanero y policial, aspecto que, a su criterio, debería investigarse.

La discusión desemboca en la crisis energética

La entrevista terminó ampliando el debate hacia un problema todavía mayor: qué tipo de energía utilizará Bolivia en los próximos años.

Claros cuestionó que se planteen soluciones para transformar vehículos a gas sin tener previamente garantizada una política energética de largo plazo.

La diputada advirtió sobre una eventual disminución de la disponibilidad de gas y sostuvo que Bolivia se encuentra, según su análisis, “a las puertas de una crisis energética sin precedentes históricos”.

También señaló que las nuevas exploraciones hidrocarburíferas pueden tardar varios años en producir resultados.

Sus afirmaciones sobre posibles faltantes futuros de gas representan una advertencia política de la legisladora y no fueron acompañadas durante la entrevista de datos técnicos que permitan determinar fechas concretas para ese escenario.

“Necesitamos migrar a energías alternativas”

Frente a ese panorama, Claros planteó que Bolivia debería comenzar una transición hacia otras fuentes.

“Necesitamos migrar a energías alternativas, pero para eso necesitamos primero consolidar una política de Estado de energías alternativas”, afirmó.

Para la diputada, ciudadanos, transportistas y empresarios necesitan conocer hacia dónde pretende avanzar Bolivia en materia energética para poder tomar decisiones de inversión y renovación del parque automotor.

Su planteamiento apunta a energías renovables y sustentables, pero sostiene que la transición no puede limitarse a fomentar nuevos vehículos si el país no desarrolla paralelamente infraestructura y capacidad de generación.

Alianza Libre anuncia oposición al proyecto actual

Al cierre de la entrevista, Claros fue consultada directamente sobre cuál será la posición de su bloque frente al proyecto.

La respuesta fue clara:

“Nosotros no estamos de acuerdo de las maneras y formas que se pretende hacer”.

La diputada anticipó que pedirán información oficial y medidas paralelas para impedir nuevos ingresos irregulares antes de discutir cualquier mecanismo de regularización.

El debate deja así una cuestión que va más allá de los autos chutos.

Una eventual nacionalización obliga a discutir seguridad jurídica, contrabando, importaciones legales, recaudación fiscal, consumo de combustibles y el futuro energético del país.

Y para Claros, regularizar primero y preguntar después sería comenzar el problema exactamente al revés.