Santa Cruz busca pasar de reclamar mayor autonomía a construir herramientas concretas para ejercerla.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, explicó en el programa AM los principales lineamientos de “Hacia un Parlamento cruceño con rumbo federal”, un libro que propone profundizar las competencias departamentales y abrir una discusión de largo plazo sobre un modelo federal para Bolivia.

La publicación, escrita por Centa Rek López y Emilio Martínez, plantea una hoja de ruta que incluye defensa de las competencias autonómicas, seguridad, ordenamiento territorial, políticas de tierra, energía, educación y mecanismos para enfrentar normas nacionales que, según la visión de sus impulsores, limitan las facultades departamentales.

“Tenemos que dejar la queja y tomar ya las definiciones”, resumió Álvarez al explicar el espíritu de la propuesta.

De la autonomía al federalismo

La discusión parte de una premisa: Santa Cruz considera que todavía no ejerce plenamente las competencias que le reconoce su régimen autonómico.

Álvarez recordó el proceso autonómico impulsado desde 2008 y sostuvo que, pese a contar con un Estatuto Autonómico, varias atribuciones continúan condicionadas por normas nacionales.

Según explicó, un estudio realizado dentro de esta nueva propuesta identificó aproximadamente 14 leyes y ocho decretos que, a criterio de sus impulsores, dificultan el ejercicio de determinadas competencias departamentales.

El objetivo es que la Asamblea no se limite a aprobar leyes locales, sino que también pueda defender competencias y promover conflictos competenciales frente a normas consideradas centralistas.

La propuesta utiliza la idea de un “Parlamento cruceño” como evolución política de la actual Asamblea Legislativa Departamental.

Tierra y territorio: uno de los ejes centrales

Uno de los puntos que Álvarez considera fundamentales es que el departamento tenga mayor capacidad para definir el uso y protección de su territorio.

La autoridad relacionó ese debate con los avasallamientos, asentamientos, áreas protegidas, zonas forestales y expansión de la frontera agrícola.

Según su planteamiento, Santa Cruz debería tener mayor capacidad para determinar dónde puede producirse, qué áreas deben conservarse y cómo ordenar territorialmente su crecimiento.

En ese contexto destacó la existencia del Plan de Uso de Suelo (PLUS) como una herramienta departamental, aunque sostuvo que todavía existen conflictos entre las competencias regionales y las actuaciones de instituciones nacionales como el INRA y la ABT.

Álvarez cuestionó además la política de tierras aplicada en anteriores gestiones nacionales y vinculó parte de los avasallamientos registrados en Santa Cruz con estructuras políticas. Estas afirmaciones corresponden a su valoración política y no constituyen por sí mismas conclusiones judiciales sobre los distintos conflictos de tierras.

Avasallamientos y el caso Las Londras

Durante la entrevista también apareció el caso Las Londras, uno de los episodios más violentos relacionados con conflictos de tierras en Santa Cruz.

Álvarez lo mencionó como ejemplo de procesos que, a su juicio, todavía requieren respuestas judiciales y ejecución efectiva de órdenes de aprehensión.

La presidenta de la Asamblea sostuvo que en la actualidad se observa una reducción de determinados conflictos de tierra y lo atribuyó, entre otros factores, a la pérdida de estructura política del MAS después de dejar el Gobierno.

También utilizó expresiones como “milicias políticas” para referirse a grupos vinculados, según su interpretación, con anteriores conflictos y avasallamientos.

Se trata de una posición política expresada por Álvarez durante la entrevista y no de una caracterización judicial general de esos sectores.

Producción, biotecnología y competitividad

El proyecto también pone énfasis en la producción agropecuaria.

Álvarez sostuvo que Santa Cruz necesita más capacidad tecnológica para aumentar su productividad sin recurrir necesariamente a una expansión permanente de la frontera agrícola.

En ese escenario mencionó la biotecnología como una herramienta que podría mejorar los rendimientos.

Durante AM se comparó la productividad agrícola de Bolivia con países como Brasil y Paraguay, planteando que Santa Cruz cuenta con condiciones de suelo similares a regiones altamente productivas como Mato Grosso, pero enfrenta desventajas en tecnología, infraestructura y logística.

Para la presidenta de la Asamblea, la autonomía también debe traducirse en capacidad para diseñar políticas productivas propias.

Educación con una mirada regional

Otro de los ejes es la educación.

La propuesta plantea avanzar hacia una malla curricular regional, incorporando contenidos vinculados con la historia, cultura y realidad productiva de Santa Cruz.

Álvarez cuestionó que decisiones sobre educación, creación de ítems y planificación continúen fuertemente centralizadas.

Desde su perspectiva, una autonomía más profunda debería permitir que los departamentos tengan mayor participación en la definición de sus políticas educativas.

La ley “antibloqueo” como modelo de prevención

Uno de los ejemplos que Álvarez utilizó para explicar la nueva lógica legislativa fue la Ley de Libre Transitabilidad de Santa Cruz.

La presidenta de la Asamblea la denominó también como una ley “antibloqueo”.

Su objetivo, explicó, no sería esperar a que una carretera ya esté cerrada para reaccionar, sino crear mecanismos de alerta temprana y prevención frente a conflictos que puedan terminar interrumpiendo vías.

“Hay que operar desde la prevención y desde la acción”, afirmó.

La norma busca que las autoridades departamentales y municipales detecten demandas y conflictos antes de que escalen hacia bloqueos.

Álvarez recordó los extensos bloqueos registrados anteriormente en Bolivia y sostuvo que sus consecuencias afectaron la salud, el transporte, la producción y el derecho al trabajo.

Guardia Departamental: la seguridad entra en la agenda autonómica

Uno de los anuncios más importantes de la entrevista fue que la Asamblea trabaja en una propuesta para crear una Guardia Departamental.

El planteamiento surge después de una serie de hechos violentos registrados en Santa Cruz, entre ellos el asalto a Joyería Imperio, casos de sicariato y episodios de violencia en provincias fronterizas.

Álvarez sostuvo que el departamento tiene una enorme extensión territorial y una cantidad insuficiente de efectivos policiales para cubrir todas sus necesidades.

Mencionó particularmente la situación de San Ignacio de Velasco y San Matías, donde la distancia, la frontera y la presencia de actividades criminales dificultan el control estatal.

La Guardia Departamental no equivaldría automáticamente a una Policía Departamental, ya que las competencias sobre la fuerza pública continúan bajo el marco constitucional vigente.

Pero Álvarez considera que debe abrirse el debate.

¿Una Policía Departamental para Santa Cruz?

La entrevista fue más allá de una guardia preventiva.

Álvarez respaldó la discusión sobre una eventual descentralización policial y la posibilidad de que los departamentos tengan mayor capacidad sobre la seguridad pública.

Recordó que durante la época de las prefecturas existía una relación diferente entre las autoridades departamentales y el mando policial.

Con el actual modelo autonómico, esa estructura cambió.

Por eso reconoció que avanzar hacia una Policía Departamental podría requerir modificaciones constitucionales.

La idea coincide con planteamientos realizados recientemente desde la Gobernación de Santa Cruz después de hechos violentos registrados en el departamento.

Por ahora, se trata de una propuesta política y legislativa en construcción.

Inteligencia Territorial: la próxima “ley estrella”

La agenda de la Asamblea incorpora además un proyecto que Álvarez considera especialmente importante: una Ley de Inteligencia Territorial.

La propuesta todavía está siendo desarrollada y, según explicó, cuenta con trabajo técnico conjunto con la CRE.

El concepto busca generar información territorial que permita anticiparse a amenazas y mejorar la planificación del departamento.

Álvarez aseguró que esta podría convertirse en una de las normas más importantes de su gestión.

La lógica vuelve a ser la misma que aparece en la ley de libre transitabilidad: anticiparse al problema en lugar de actuar únicamente después de que ocurre.

Energía y bonos verdes también aparecen en la agenda

La propuesta federal incorpora además políticas energéticas y ambientales.

Álvarez anticipó que trabaja en iniciativas relacionadas con seguridad energética y destacó las posibilidades de aprovechar recursos renovables.

También se refirió a los denominados bonos verdes, mecanismos que pueden generar ingresos a cambio de conservar bosques y reducir impactos ambientales.

Para la autoridad, el objetivo principal no debería ser únicamente obtener recursos económicos, sino garantizar la protección de bosques, agua y biodiversidad.

Santa Cruz, sostuvo, necesita herramientas propias para proteger esos recursos y al mismo tiempo generar oportunidades económicas.

Tren Metropolitano y salud

La agenda legislativa inmediata incluye también temas menos ideológicos y más vinculados con gestión.

Álvarez informó que la Asamblea trabaja en modificaciones presupuestarias relacionadas con salud, además de proyectos pendientes como una Ley del Tren Metropolitano.

A eso se suman la Guardia Departamental y la Ley de Inteligencia Territorial.

El conjunto forma parte de una estrategia que pretende convertir la Asamblea en una institución con mayor capacidad de planificación política y económica.

“Hacia un Parlamento cruceño con rumbo federal”

El libro que da origen a esta discusión será presentado en el Museo de Historia, ubicado en inmediaciones de la plaza principal de Santa Cruz.

Durante la presentación tendrá un precio de Bs 50, según informó Álvarez, y posteriormente se analiza distribuirlo también mediante librerías.

Más que una publicación académica, la presidenta de la Asamblea lo definió como una guía política para el futuro del departamento.

La discusión que plantea es de fondo: si Santa Cruz debe continuar intentando profundizar el actual modelo autonómico o comenzar a construir abiertamente una propuesta federal.

La estrategia presentada por Álvarez apuesta por ambas cosas al mismo tiempo: ejercer primero todas las competencias disponibles y, desde ahí, avanzar hacia un modelo con mayor descentralización política, económica, territorial y de seguridad.

El federalismo, por ahora, sigue siendo una propuesta política.

Pero desde la Asamblea cruceña ya empiezan a construir las piezas que pretenden llevar el debate desde el discurso hacia las leyes.