El abogado Cristian Sánchez, defensor del fiscal Zeballos, cuestionó duramente la decisión judicial que dispuso la detención preventiva de su cliente y afirmó que el proceso tendría un trasfondo político dirigido, según su interpretación, a debilitar la estructura del Ministerio Público.

En entrevista con Jorge Añez durante el programa AM de Popu Stream, Sánchez sostuvo que no existirían suficientes elementos de convicción para vincular a Zeballos con una organización criminal y calificó la medida cautelar como una decisión “forzada”.

“Es un proceso de carácter político y solamente forzado para desmantelar y descabezar el Ministerio Público”, manifestó el abogado durante la conversación.

Según explicó, uno de los elementos utilizados para relacionar a Zeballos con el caso sería su condición de fiscal departamental y un viaje realizado desde Sucre hasta Santa Cruz el 1 de octubre junto al fiscal general.

Sánchez cuestionó que estos antecedentes puedan ser suficientes para sustentar acusaciones relacionadas con delitos graves como narcotráfico y crimen organizado.

“No existe ningún elemento de convicción, ningún dato, ninguna referencia de que este hubiera sido parte de una organización criminal”, afirmó.

Cuestiona los riesgos procesales

Durante la entrevista, Jorge Añez consultó cuáles fueron los riesgos procesales utilizados para justificar la detención preventiva.

Sánchez explicó que la justicia reconoció que Zeballos tiene domicilio y arraigo familiar en Santa Cruz, pero aseguró que no se habría valorado adecuadamente su situación laboral como fiscal de carrera dentro del Ministerio Público.

También cuestionó el argumento de que su defendido pudiera modificar celulares, memorias u otros elementos relacionados con la investigación.

El abogado sostuvo que estos objetos ya estarían bajo custodia policial y que, por esa razón, Zeballos no tendría posibilidades reales de modificarlos.

“¿De qué modo cualquier persona puede alterar un elemento de prueba que ya está bajo el control de la Policía?”, cuestionó.

También rechazó la posibilidad de que el fiscal pudiera influir sobre los efectivos policiales que participan de la investigación.

Para Sánchez, estos argumentos estarían siendo utilizados para sostener una detención preventiva que, desde su perspectiva, responde más a motivaciones políticas que jurídicas.

“El objetivo es tomar el Ministerio Público”

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista se produjo cuando Jorge Añez preguntó cuál sería, según la defensa, el objetivo de mantener detenidas a autoridades del Ministerio Público.

“Seguramente el objetivo es tomar el Ministerio Público y otros poderes también”, respondió Sánchez.

El abogado aseguró además que tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial estarían recibiendo una fuerte presión desde el Ejecutivo.

Cuestionó pronunciamientos realizados por autoridades de Gobierno respecto al trabajo de jueces, vocales y magistrados que intervienen en este tipo de procesos y señaló que ese escenario podría afectar la independencia con la que deberían administrarse las decisiones judiciales.

Según Sánchez, la intervención política convertiría un proceso que debería ser estrictamente judicial en uno basado en “sospechas, presunciones” y pruebas que la defensa considera cuestionables.

La defensa apelará la detención

El abogado anunció que la defensa presentará recursos de apelación contra la detención preventiva y que también evalúa recurrir a mecanismos constitucionales.

El objetivo inmediato será conseguir que Zeballos pueda defenderse en libertad o, como alternativa, acceder a una medida menos restrictiva, como la detención domiciliaria.

“La detención preventiva es de última razón y en este caso parece más una vendeta que una decisión ajustada a derecho”, afirmó Sánchez.

La defensa espera que la audiencia de apelación pueda instalarse en los próximos días.

Buscan trasladar el proceso a Santa Cruz

Otro de los pedidos que prepara la defensa apunta a que la investigación sea trasladada a Santa Cruz.

Sánchez argumentó que en ese departamento habrían ocurrido los hechos vinculados al proceso, que allí reside su defendido y que Zeballos ejerció además como fiscal departamental.

“En Santa Cruz sucedieron los hechos, en Santa Cruz mi cliente vive, en Santa Cruz fue fiscal departamental y en Santa Cruz fue la noticia criminal”, sostuvo.

Con estos argumentos, la defensa espera revertir la detención preventiva y conseguir que el proceso continúe en Santa Cruz.

El caso continúa abierto y las afirmaciones realizadas por Sánchez corresponden a la posición de la defensa de Zeballos dentro del proceso judicial.