La Cámara Automotor Boliviana elevó el tono frente a la situación del mercado automotor nacional y pidió al Gobierno tomar medidas estructurales contra el ingreso irregular de vehículos, las importaciones paralelas y las trabas que, según el sector, enfrentan las empresas legalmente establecidas.

Durante una conferencia de prensa, el gerente de la institución, Luis Encinas, explicó que la Cámara fue convocada a reuniones con dos ministerios para abordar una serie de problemas que considera urgentes para el sector y para la economía boliviana.

Encinas recordó que la Cámara Automotor Boliviana tiene más de 80 años de existencia y representa a empresas que mantienen contratos oficiales de representación de marca directamente con fabricantes internacionales.

Según afirmó, el sector automotriz ha sido especialmente golpeado durante los últimos años por la escasez de dólares, los problemas de abastecimiento de combustibles, el contrabando, las importaciones informales y las dificultades para reponer inventarios.

“El costo de un vehículo significa el valor de la reposición”, explicó al señalar que hubo periodos en los que las empresas debían vender tomando como referencia el tipo de cambio oficial, mientras conseguían dólares para reponer inventario a valores mucho más elevados.

Encinas aseguró que, en los momentos más críticos, algunas empresas llegaron a conseguir divisas a valores de hasta Bs 20 por dólar para poder reponer vehículos.

“Es difícil ser legal”

Uno de los cuestionamientos más fuertes de la conferencia estuvo dirigido a las condiciones que enfrentan los importadores formales.

Encinas aseguró que el sector legal debe cumplir múltiples requisitos, certificaciones y procedimientos administrativos, mientras que —según su denuncia— determinadas actividades informales reciben mayores facilidades.

“Es difícil ser legal en este momento; sin embargo, la ilegalidad está siendo premiada con todas las facilidades”, afirmó.

Como ejemplo, cuestionó determinados certificados exigidos incluso para vehículos cero kilómetros provenientes directamente de fábrica y sostuvo que algunos trámites terminan retrasando innecesariamente las operaciones.

La Cámara también reclamó mayor acceso a información oficial de la Aduana Nacional para fiscalizar el cumplimiento de las normas de importación.

Según Encinas, durante anteriores gestiones la institución recibía información que le permitía identificar irregularidades relacionadas con antigüedad de vehículos, cilindrada y otros requisitos, pero posteriormente ese acceso habría sido restringido.

“100.000 vehículos chutos por año”

El dato más contundente presentado por Encinas estuvo relacionado con el ingreso ilegal de vehículos.

El gerente aseguró que la zona franca de Iquique continúa siendo uno de los principales puntos de provisión para el contrabando hacia Bolivia.

“Para el sector automotriz permite el ingreso de 100.000 vehículos chutos por año”, afirmó.

La cifra corresponde a la estimación presentada por la Cámara durante la conferencia y no fue acompañada en la exposición por documentación estadística independiente que permita verificarla.

Encinas sostuvo que una de las formas de combatir el fenómeno sería investigar el origen del dinero utilizado para comprar vehículos en la zona franca de Iquique, además de reforzar controles fronterizos y financieros.

Cuestionamientos a las importaciones “grises”

La Cámara también cuestionó la importación de vehículos realizada por empresas o personas que no son representantes oficiales de las marcas.

Encinas señaló que determinadas modificaciones normativas permitieron importar vehículos provenientes de mercados como Omán, Emiratos Árabes Unidos o Dubái, que —según su explicación— no necesariamente cuentan con especificaciones adecuadas para las condiciones geográficas y climáticas de Bolivia.

El gerente argumentó que el país presenta condiciones extremas: un mismo vehículo puede circular a baja altitud y altas temperaturas en Santa Cruz y posteriormente trasladarse hacia zonas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas bajo cero.

Según la Cámara, los vehículos destinados oficialmente al mercado boliviano son fabricados considerando esas características y cuentan con respaldo de fábrica, disponibilidad de repuestos y garantías oficiales.

Encinas atribuyó parte del problema a la Resolución Ministerial 064 de 2022, que, según su interpretación, modificó condiciones establecidas previamente por un decreto supremo y facilitó la importación de vehículos fuera de los canales oficiales.

Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por la Cámara Automotor Boliviana durante la conferencia y deberán ser contrastadas con las autoridades y las normas involucradas.

Denuncias por subfacturación y posible lavado de dinero

Encinas también realizó acusaciones de mayor gravedad.

Sostuvo que la importación de vehículos a través de determinados mecanismos habría sido utilizada para operaciones de subfacturación y posible lavado de dinero.

El representante afirmó que existen casos en los que empresas cuya actividad declarada corresponde a otros sectores —como la minería— habrían importado vehículos de alta gama para posteriormente comercializarlos.

Durante la conferencia mencionó marcas como Porsche, Lexus y Lincoln como ejemplos dentro de operaciones que, según la interpretación de la Cámara, deberían ser investigadas por las autoridades.

“Con un vehículo se puede lavar cualquier cantidad de dinero”, aseguró Encinas.

Estas afirmaciones constituyen denuncias realizadas públicamente por el representante empresarial y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial sobre la existencia de delitos.

Cámara Automotor cuestiona el proyecto para nacionalizar autos chutos

Otro de los temas centrales fue el proyecto de ley destinado a permitir una nueva nacionalización de vehículos indocumentados.

Encinas recordó que Bolivia ya atravesó procesos similares durante las últimas décadas y señaló como antecedente más reciente la regularización realizada en 2011 mediante la Ley 133.

Sin embargo, cuestionó duramente la propuesta actualmente en discusión.

“Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

Para la Cámara, uno de los principales problemas es que el proyecto permitiría regularizar los vehículos existentes pero no establecería un mecanismo suficientemente claro para impedir que posteriormente continúen ingresando nuevos autos de contrabando.

“Si se va a nacionalizar ahora y van a seguir ingresando, simplemente es la expectativa de esperar cuándo se vuelve a nacionalizar”, advirtió.

La institución también cuestionó el proceso de socialización del proyecto.

Encinas sostuvo que deberían participar instituciones técnicamente vinculadas con el sector y reclamó que la Cámara Automotor Boliviana sea incluida en el debate.

Aclaró, sin embargo, que la Cámara no pretende reemplazar la decisión de la Asamblea Legislativa.

“Nosotros no somos los que tenemos que decir sí o no”, sostuvo, señalando que serán senadores y diputados quienes deberán aprobar o rechazar cualquier proceso de regularización.

El sector, añadió, respetará lo que determinen legalmente las instituciones del Estado.

Una mesa de trabajo con el Gobierno

Encinas confirmó que la Cámara ya recibió una convocatoria para reunirse con autoridades y anticipó que buscará instalar mesas de trabajo para discutir los distintos problemas planteados.

La institución propone revisar normativa, eliminar trámites considerados innecesarios, recuperar acceso a información aduanera, fortalecer los controles al contrabando y analizar las condiciones bajo las cuales operan los importadores de vehículos.

La Cámara sostiene además que el sector formal genera alrededor de 8.000 empleos directos, además de miles de fuentes laborales indirectas vinculadas a concesionarias, talleres, repuestos, logística y servicios.

El debate sobre los autos “chutos” vuelve así a colocar frente a frente dos problemas que Bolivia arrastra desde hace décadas: cómo resolver la situación de miles de vehículos que ya circulan sin documentación regular y, al mismo tiempo, cómo impedir que una nueva legalización se convierta en incentivo para que continúe el contrabando.

Para la Cámara Automotor Boliviana, cualquier solución debería comenzar precisamente por ahí: cerrar primero la puerta de ingreso antes de volver a abrir la puerta de la regularización.