La crisis institucional abierta en el Ministerio Público continúa generando fuertes cuestionamientos desde la Asamblea Legislativa.
La senadora Ana María Crispín expresó serias dudas sobre el procedimiento que terminó con la salida del anterior fiscal general y la posterior posesión de José Armando Urioste como fiscal general interino. A su criterio, la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos dejó vacíos, errores administrativos y decisiones que todavía deberían ser revisadas.
Durante la entrevista, Crispín sostuvo que en el caso del exfiscal existen interrogantes sobre el momento en que aparecieron determinadas pruebas y cuestionó por qué algunos elementos no fueron presentados antes, si ya estaban en conocimiento de las autoridades.
Según su lectura, la sucesión de hechos ocurrida en los últimos meses obliga a revisar no solo el fondo de las investigaciones, sino también los procedimientos empleados para apartar y reemplazar autoridades.
La legisladora afirmó que hubo decisiones tomadas “con celeridad e improvisación” y señaló que incluso se modificaron disposiciones legales durante una sesión legislativa, lo que, en su criterio, podría generar precedentes delicados para futuras designaciones y actuaciones del Ministerio Público.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el denominado caso Cerimedo.
Crispín fue consultada por un audio difundido y atribuido al exasesor Fernando Cerimedo y al exfiscal Roger Mariaca, en el que se menciona a una persona identificada únicamente con la letra “M”.
La senadora aseguró desconocer quién sería esa persona y aclaró que cualquier interpretación sobre su identidad es, por ahora, especulativa. Sin embargo, consideró llamativo que el nombre no aparezca de manera explícita en la conversación.
A partir de ese episodio, planteó dudas sobre el momento en que se hicieron públicas ciertas evidencias y sugirió que debería investigarse por qué materiales que supuestamente estaban disponibles desde meses atrás recién aparecieron en medio de la actual crisis.
Uno de los momentos más contundentes llegó cuando fue consultada sobre quién puede garantizar hoy una investigación transparente tanto en el caso Mariaca como en el caso Cerimedo.
Su respuesta fue tajante:
“Nadie. Absolutamente nadie”.
Crispín aseguró además que legisladores que mantienen posiciones críticas habrían sido marginados de comisiones especiales de investigación.
En su caso particular, afirmó que solicitó participar en instancias vinculadas al caso Cerimedo, pero que su pedido fue rechazado. También denunció haber sufrido restricciones internas, pérdida de personal y obstáculos para ejercer tareas de fiscalización.
Según la senadora, este escenario reduce la posibilidad de que las investigaciones parlamentarias tengan una verdadera contraparte política y técnica.
“¿A qué verdad podemos llegar?”, cuestionó, al sostener que para garantizar transparencia deberían existir distintas posiciones dentro de las comisiones y no únicamente representantes cercanos al oficialismo.
Pese a sus críticas, Crispín evitó prejuzgar la gestión del nuevo fiscal general interino.
La legisladora destacó las primeras declaraciones de José Armando Urioste, quien habría señalado que no pondrá en riesgo su trayectoria profesional durante el breve periodo que ejercerá el cargo de manera interina.
Para Crispín, esa posición abre una pequeña ventana de esperanza.
“Quiero confiar y quiero tener la esperanza de que este escenario sea un punto de inflexión”, afirmó, al señalar que serán las actuaciones del nuevo fiscal las que determinen si logra recuperar o no la confianza de la ciudadanía.
La crisis del Ministerio Público entra así en una nueva etapa.
Más allá de los nombres y las disputas internas, el verdadero desafío será demostrar si la Fiscalía puede conducir investigaciones sensibles con independencia, transparencia y respeto al debido proceso.
Y esa es, precisamente, la pregunta que sigue abierta: ¿podrá la nueva conducción recuperar la credibilidad de una institución golpeada por la desconfianza política?
