La posibilidad de que los guardias de seguridad privada puedan portar armas de fuego abrió un nuevo debate en Santa Cruz en medio de la preocupación por asaltos y otros hechos violentos.

Hugo Chávez, propietario de la empresa de seguridad Seguribol, analizó el tema en el programa AM y planteó una posición que combina respaldo y cautela: considera necesario discutir el uso de armas por parte del sector privado, pero advierte que hacerlo sin controles adecuados puede generar nuevos riesgos.

“Mi posición es sí y no”, resumió.

Para Chávez, cualquier autorización debería estar acompañada por capacitación especializada, evaluación psicológica y una institución encargada de controlar quién puede acceder a un arma y bajo qué condiciones.

Una propuesta que todavía no es ley

El debate surge a partir de una propuesta para permitir que personal de seguridad privada pueda trabajar armado frente al escenario de inseguridad.

Sin embargo, durante AM se aclaró que, por ahora, se trata de una idea en discusión y que todavía no existe una norma aprobada que modifique las condiciones actuales.

El punto central será determinar qué requisitos deberían cumplir tanto las empresas como los trabajadores antes de recibir una eventual autorización.

Chávez considera que no bastaría con entregar un arma a un guardia.

“Primero es preparar al guardia ante la utilización de dichos elementos”, explicó.

“Bolivia está retrasada en este aspecto”

El empresario afirmó que Bolivia tiene una situación diferente a otros países de la región en materia de seguridad privada.

Según Chávez, en países vecinos es común encontrar personal privado que trabaja con armamento, mientras que Bolivia mantiene restricciones diferentes.

“Bolivia es el único país en este momento que tiene guardias privados sin el armamento que corresponde”, sostuvo.

Se trata de una afirmación realizada por el empresario durante la entrevista y no de una comparación normativa verificada dentro del material analizado.

Para Chávez, la discusión debería haberse iniciado hace varios años debido a la evolución de los riesgos que enfrenta el personal de seguridad.

El filtro psicológico sería fundamental

Uno de los puntos en los que puso mayor énfasis fue la evaluación psicológica.

Chávez advirtió que permitir armas sin establecer previamente quién está en condiciones de utilizarlas podría ser peligroso.

Por eso propone la creación de un ente rector o fiscalizador, en coordinación con instituciones como la Policía y la Gobernación, que controle tanto a las empresas de seguridad como al personal seleccionado.

Ese organismo debería establecer requisitos, supervisar la capacitación y, especialmente, determinar la aptitud psicológica de cada guardia.

La propuesta puede resumirse en una fórmula: armas sí, pero no para cualquiera ni sin fiscalización.

¿Cómo se contrata actualmente a un guardia privado?

Chávez explicó que las empresas ya deben cumplir determinados requisitos para seleccionar a su personal.

Entre las exigencias mencionó contar con título de bachiller, libreta de servicio militar y certificados vinculados a antecedentes policiales y de lucha contra el narcotráfico.

Una vez superada la etapa de selección, comienza la capacitación.

El empresario explicó que Seguribol divide su formación en tres grandes áreas: administrativa, operativa y de salvataje o respuesta ante emergencias.

Desde controlar ingresos hasta actuar ante un incendio

La preparación administrativa está relacionada con tareas cotidianas como el control de personas, materiales, ingresos y salidas dentro de instalaciones privadas.

La capacitación operativa apunta a la identificación de riesgos, controles y supervisión de los espacios protegidos.

La tercera área incorpora conocimientos para responder ante emergencias.

Según Chávez, los guardias reciben preparación para actuar ante incendios, accidentes y situaciones que requieren primeros auxilios.

La incorporación de armas, sostiene, exigiría agregar una formación mucho más especializada.

¿Por qué dice que sí?

La primera razón es el contexto de inseguridad.

Chávez mencionó los asaltos y muertes registrados recientemente, particularmente en Santa Cruz, como argumento para replantear las herramientas con las que trabaja la seguridad privada.

A su criterio, determinados guardias se encuentran protegiendo bienes, empresas o instalaciones frente a delincuentes que sí pueden estar armados.

Desde esa perspectiva, considera que el debate es necesario.

¿Y por qué también dice que no?

Por el riesgo de autorizar armas sin controles suficientes.

El empresario advirtió que Bolivia todavía no cuenta, a su criterio, con una estructura especializada que garantice evaluaciones psicológicas, formación y fiscalización permanentes para este tipo de personal.

Sin ese sistema, entregar armas podría convertirse en un problema en lugar de una solución.

Por eso insistió en que una eventual autorización no debería aplicarse de forma automática a todos los trabajadores de seguridad privada.

Un debate que recién comienza

La discusión sobre guardias armados aparece en un momento en el que Santa Cruz enfrenta una fuerte preocupación por la inseguridad.

Pero pasar de una propuesta a una regulación requerirá responder varias preguntas: quién podrá portar un arma, qué entrenamiento recibirá, quién evaluará su estabilidad psicológica, qué empresa será responsable y qué institución controlará su uso.

La posición expresada por Chávez no es un respaldo irrestricto.

Su planteamiento es avanzar únicamente si primero se construye un sistema capaz de controlar la selección, capacitación y fiscalización del personal.

Porque el debate no es solamente si un guardia debe tener un arma.

La verdadera discusión será quién está preparado para llevarla y quién será responsable de controlar su uso.