La compra e implementación de 13 radares para Bolivia abrió un nuevo frente político y judicial.

El Gobierno presentó una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, por presuntas irregularidades en el proyecto y un supuesto daño económico al Estado de aproximadamente Bs 1.478 millones.

Entre los exministros mencionados en la denuncia aparecen Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Fernando López y Edmundo Novillo.

En entrevista con el programa AM, Javier Zavaleta rechazó los argumentos de la querella y aseguró que la investigación está mal enfocada.

“Definitivamente está mal planteada esta querella”, afirmó.

Para el exministro, el hecho de que actualmente existan radares que funcionen con observaciones o que directamente no estén operativos no significa automáticamente que todo el proyecto haya generado un daño económico equivalente a su costo.

“Los radares están ahí”

Uno de los principales argumentos de Zavaleta es que los equipos efectivamente fueron instalados.

“Los radares están ahí. Algunos funcionan, otros dicen que funcionan mal y hay uno o dos que no funcionan”, sostuvo.

A su criterio, la investigación debería concentrarse primero en establecer por qué determinados equipos dejaron de operar correctamente.

Zavaleta aseguró que existiría un informe que señala que los radares fueron recibidos en 2024 funcionando, por lo que considera necesario determinar qué ocurrió desde ese momento hasta la actualidad.

“¿Qué pasó? ¿Los sabotearon?, ¿eran de mala calidad?, ¿alguien los operó mal?”, cuestionó.

Estas afirmaciones corresponden a la defensa planteada por el exministro y deberán ser contrastadas con los informes técnicos y la investigación judicial.

Dos radares sin observaciones, nueve observados y dos fuera de operación

Durante la entrevista se expusieron datos atribuidos a los informes técnicos incorporados a la auditoría.

De los 13 radares, dos estarían operativos sin observaciones, nueve funcionarían con observaciones y otros dos no estarían operativos.

Para Zavaleta, ese diagnóstico demuestra precisamente que el problema debería ser analizado desde el punto de vista técnico.

El exministro cuestionó que se atribuya responsabilidad penal de manera amplia antes de establecer las causas específicas por las que algunos equipos presentan fallas.

Un contrato que atravesó varios gobiernos

Otro de los puntos discutidos fue la duración del proyecto.

Zavaleta sostuvo que no existieron ocho contratos independientes, sino un contrato principal que posteriormente atravesó distintas modificaciones.

Durante su gestión, dijo, realizó dos cambios.

El primero estuvo relacionado con la modificación de la razón social de la filial boliviana de la empresa francesa encargada del proyecto.

El segundo fue una ampliación del plazo de aproximadamente diez meses.

Según explicó, esa extensión respondió a dificultades en dos emplazamientos: en uno existían problemas relacionados con el derecho propietario del terreno y en otro un deslizamiento provocado por lluvias habría dificultado el acceso al lugar donde debía construirse la infraestructura.

Zavaleta fue ministro de Defensa desde mediados de 2018 hasta noviembre de 2019.

Según su relato, los radares debían entregarse inicialmente a comienzos de 2020, pero el proyecto terminó prolongándose hasta 2024.

“Evidentemente ahí hay un problema, porque se alargó demasiado”, reconoció.

Zavaleta apunta a quienes recibieron los equipos en 2024

El exministro sostuvo que una de las claves de la investigación debería estar en el momento de recepción definitiva del sistema.

Utilizó como ejemplo la construcción de un edificio.

Si una obra es recibida oficialmente y presenta problemas dos años después, argumentó, corresponde analizar tanto el trabajo de la empresa como las condiciones en las que fue recibida.

Por ello considera que las autoridades deben determinar cómo estaban funcionando los radares cuando fueron entregados en 2024.

A su juicio, responsabilizar automáticamente a quienes participaron años antes en la firma o modificación del contrato sería incorrecto.

La empresa francesa y un sistema considerado de alta tecnología

Zavaleta señaló que el proyecto fue desarrollado por una empresa francesa a la que identificó como Thales.

También defendió el nivel tecnológico de los radares y aseguró que se trata de equipos avanzados, comparables con sistemas utilizados en países europeos.

Precisamente por esa complejidad, insistió en que cualquier investigación debe incorporar análisis técnicos especializados y no limitarse únicamente a revisar documentos administrativos.

De la defensa técnica a la acusación política

La entrevista cambió de tono cuando Zavaleta fue consultado sobre una posible motivación política detrás de la denuncia.

El exministro aseguró que el caso estaría siendo utilizado para desviar la atención de la situación económica del país.

Según su interpretación, Bolivia atraviesa una crisis que afecta cada vez más a las familias y el Gobierno estaría recurriendo a casos judiciales de alto impacto para trasladar la discusión pública hacia otros temas.

Zavaleta también acusó al Ejecutivo de utilizar la Justicia contra adversarios políticos.

Se trata de una valoración política del exministro y no de un hecho establecido dentro de la investigación sobre los radares.

“No tengo ningún inconveniente en ir a declarar”

Hasta el momento de la entrevista, Zavaleta aseguró que todavía no había recibido una citación formal.

Sin embargo, anticipó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades.

“No tengo ningún inconveniente en ir a declarar y presentarme ante la Justicia”, afirmó.

El exministro reiteró que considera que su participación durante el proyecto estuvo limitada a modificaciones administrativas y a la ampliación del plazo durante su gestión.

También expresó su temor de que la investigación termine siendo utilizada para exhibir “trofeos políticos”, una acusación que deberá contrastarse con el desarrollo del proceso penal.

La pregunta que deberá responder la investigación

Más allá del enfrentamiento político, el caso deja varias interrogantes técnicas y judiciales.

La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en la contratación, ejecución, ampliaciones y recepción del proyecto; cuál fue la responsabilidad individual de cada una de las 19 personas denunciadas y, especialmente, por qué un sistema de radares que habría sido recibido en 2024 presenta actualmente equipos con observaciones o fuera de funcionamiento.

El Gobierno sostiene que existe un presunto daño económico de Bs 1.478 millones.

Zavaleta rechaza esa interpretación y afirma que los radares existen, fueron instalados y que el problema actual debe investigarse desde el momento de su recepción y operación.

Ahora será la Justicia la que tenga que determinar si el caso revela irregularidades en uno de los proyectos tecnológicos más costosos del área de Defensa o si, como sostiene el exministro, la denuncia está atribuyendo responsabilidades de forma incorrecta.