A casi cinco años de uno de los episodios de violencia más recordados vinculados a los conflictos por tierras en Santa Cruz, el caso Las Londras continúa abierto y se aproxima a una nueva etapa decisiva.

La abogada Raquel Guerrero, quien representa a periodistas afectados durante los hechos del 28 de octubre de 2021, aclaró en entrevista con el programa AM que el proceso judicial nunca fue abandonado ni cerrado.

“El caso no quedó ahí”, remarcó.

Según explicó, el juicio oral continúa y tiene una nueva audiencia programada para el próximo 27 de octubre, cuando el proceso ingresará en la fase de presentación de pruebas de descargo de los acusados.

Cinco acusados, tres prófugos y dos en juicio

Guerrero informó que inicialmente fueron cinco las personas acusadas dentro del proceso.

Actualmente, el juicio continúa contra Paulino Camacho y Nelson Riva de Neira, mientras que otros tres acusados están declarados rebeldes y permanecen prófugos.

La abogada sostuvo que desde mayo existen mandamientos de aprehensión pendientes contra esas personas y cuestionó que hasta el momento no hayan sido ejecutados.

Según relató, incluso envió varias notas al Comando Departamental de la Policía solicitando información sobre las acciones realizadas para localizar a los acusados, pero afirmó que no obtuvo respuesta.

Para la defensa de las víctimas, la ausencia de tres procesados sigue siendo uno de los principales obstáculos para cerrar un expediente que se acerca a cumplir cinco años.

El 28 de octubre de 2021 dejó 17 víctimas

Los hechos de Las Londras quedaron registrados por cámaras y periodistas que acudieron al lugar.

Guerrero recordó que aquel 28 de octubre de 2021 hubo 17 personas afectadas, entre ellas seis periodistas, efectivos policiales y trabajadores vinculados al predio.

Una de las imágenes que quedó grabada en la memoria pública muestra a un hombre encapuchado portando un arma larga y apuntando directamente contra un trabajador de prensa.

La propia grabación realizada durante los hechos forma ahora parte del conjunto de pruebas dentro del juicio.

Según Guerrero, la pericia sobre ese material permite reconstruir la actuación de los grupos que participaron en aquella jornada.

Audiencias, gastos y años de desgaste

El proceso también ha estado marcado por postergaciones, traslados y dificultades para lograr que testigos comparezcan.

Las audiencias se desarrollaron en Concepción, lo que significó para víctimas, abogados y testigos afrontar costos de transporte y tiempo durante varios años.

Guerrero reconoció que existió un fuerte desgaste, pero negó que el juicio se haya detenido.

Aseguró que tanto ella como uno de los periodistas afectados han asistido regularmente a las audiencias fijadas por el tribunal.

También sostuvo que durante el proceso existieron incidentes y recursos legales que retrasaron el avance del juicio.

“Se turnan para enfermarse”, cuestionó al referirse a algunas de las justificaciones presentadas durante el proceso.

Testigos que no quisieron volver al juicio

Uno de los problemas mencionados por Guerrero fue la dificultad para lograr la presencia de personas que fueron citadas como testigos.

Según explicó, policías, periodistas y otros funcionarios que habían sido convocados dejaron de asistir o evitaron presentarse ante el tribunal.

La abogada afirmó que incluso llegaron a emitirse mandamientos para lograr determinadas comparecencias.

Finalmente, tanto la acusación particular como el Ministerio Público desistieron de algunos testimonios para evitar que la causa continuara prolongándose indefinidamente.

A pesar de ello, el proceso todavía cuenta con pruebas documentales y periciales, entre ellas los videos registrados durante los hechos.

El caso que anticipó una ola de avasallamientos

Guerrero considera que Las Londras no puede analizarse como un episodio aislado.

Durante la entrevista aseguró que antes y después de aquel hecho se produjeron otros conflictos por tierras y episodios violentos en diferentes predios del departamento.

A criterio de la abogada, una investigación más amplia en aquel momento podría haber permitido identificar a otros presuntos cabecillas y frenar la expansión de estos grupos.

Se trata de una valoración de la representante legal de las víctimas y no de una conclusión judicial definitiva.

Guerrero también cuestionó la actuación que tuvo el Ministerio Público durante los primeros años del proceso y sostuvo que faltó mayor diligencia para ampliar las investigaciones.

La detención de otro dirigente vuelve a poner el tema en agenda

Durante AM se consultó a Guerrero sobre una persona recientemente aprehendida y su posible relación con Las Londras.

La abogada fue clara al señalar que, al revisar el expediente que ella maneja, esa persona no aparece como acusada ni como testigo dentro del proceso específico que representa.

Sin embargo, sostuvo que su detención vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre grupos que participaron en distintos conflictos de tierras en Santa Cruz.

Guerrero evitó atribuirle participación directa en Las Londras sin que exista respaldo dentro de su expediente.

La abogada denuncia que existió protección política

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista surgió cuando se consultó a Guerrero si algunos de los involucrados en estos conflictos habrían contado con protección institucional o política.

La abogada respondió afirmativamente y recordó episodios de presión posteriores a la detención de algunos dirigentes, incluyendo bloqueos y protestas.

También sostuvo que determinados grupos actuaban utilizando simbología política y aseguró que existió permisividad de autoridades de la época.

Estas afirmaciones corresponden a la posición de Guerrero y deberán diferenciarse de cualquier responsabilidad que pueda establecer judicialmente el proceso.

“Una prueba de fuego” para la nueva Fiscalía

Para Guerrero, el avance del caso será también una prueba para la nueva conducción del Ministerio Público.

La abogada pidió que la Fiscalía impulse la ejecución de los mandamientos de aprehensión pendientes y fortalezca las investigaciones sobre delitos vinculados a avasallamientos y tráfico de tierras.

También cuestionó la tipificación penal utilizada en Las Londras.

Según explicó, el Ministerio Público acusó por tentativa de homicidio y portación de armas, mientras que ella considera que las características de los hechos —personas encapuchadas, armas de fuego y una acción previamente organizada— merecían una valoración más severa.

La definición jurídica, sin embargo, corresponde a las autoridades judiciales encargadas del proceso.

¿Qué pasó con el predio Las Londras?

Guerrero aclaró que su participación en el proceso está relacionada con los delitos cometidos contra las personas y no con la definición sobre la propiedad del terreno.

Por ese motivo, dijo desconocer la situación jurídica actual del predio.

Recordó, sin embargo, que durante el juicio declaró como testigo un exdirector del INRA, quien señaló que en su momento se había presentado una denuncia por avasallamiento relacionada con esas tierras.

La abogada considera que corresponde al Ministerio Público informar qué ocurrió con esa y otras investigaciones relacionadas con conflictos de tierras.

Cinco años después, el juicio continúa

El próximo 27 de octubre volverá a ser una fecha importante para Las Londras.

Cinco años después de las imágenes que impactaron al país, dos acusados continúan enfrentando juicio, tres permanecen declarados rebeldes y las víctimas siguen esperando una sentencia.

El expediente ha atravesado postergaciones, ausencia de testigos, dificultades económicas y años de desgaste judicial.

Pero, según Guerrero, una cosa debe quedar clara: el caso Las Londras no está cerrado.

La nueva audiencia será una prueba no solo para los acusados y las víctimas, sino también para un sistema de Justicia que después de cinco años todavía debe responder qué ocurrió y quiénes fueron responsables de aquella jornada de violencia.