La ola de sicariatos, atracos y hechos violentos que golpea principalmente a Santa Cruz abrió un nuevo debate en la Asamblea Legislativa: ¿necesita Bolivia herramientas legales específicas para enfrentar al crimen organizado o el problema está en que las normas existentes simplemente no se cumplen?

El senador del PDC Víctor Quispe planteó en el programa AM una serie de medidas que asegura pretende impulsar desde el Legislativo.

Entre las más llamativas están prohibir los cascos oscuros que impidan identificar el rostro de motociclistas, restringir los vidrios polarizados, bloquear efectivamente las comunicaciones desde las cárceles y crear una normativa especializada para combatir organizaciones criminales.

Quispe considera que los últimos episodios de violencia son consecuencia de una confrontación cada vez más abierta entre el Estado y estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

“Estamos viviendo un momento muy complicado para el país y, más que todo, Santa Cruz está viviendo esta situación tan conflictiva”, afirmó.

Prohibir cascos que oculten el rostro

Una de las propuestas más concretas del senador apunta directamente a los motociclistas.

Quispe relató que la actual sensación de inseguridad hace que incluso encontrarse en la calle con una motocicleta cuyo conductor utiliza un casco completamente oscuro genere temor.

Por eso propone regular este tipo de elementos.

“Estamos planteando que se prohíba el tema de los cascos oscuros y los vidrios polarizados”, explicó.

El objetivo, según su planteamiento, sería facilitar la identificación de conductores y ocupantes de vehículos durante controles policiales y mediante cámaras de seguridad.

La propuesta no implica prohibir los cascos de seguridad, sino restringir aquellos elementos que dificulten completamente la identificación visual del conductor.

También apunta contra los vidrios polarizados

Quispe recordó que Bolivia ya intentó anteriormente establecer mayores controles sobre los vidrios polarizados.

Según señaló durante la entrevista, existieron disposiciones administrativas y decretos que buscaban restringir su utilización, contemplando excepciones justificadas por razones médicas o de seguridad.

Sin embargo, considera que esas medidas no consiguieron resultados suficientes.

Su propuesta ahora es elevar las restricciones a rango de ley, con mecanismos claros de control y sanción.

Cárceles sin celulares ni comunicación criminal

Otro de los ejes es el sistema penitenciario.

Quispe planteó que cabecillas de organizaciones criminales sean enviados a recintos o sectores de máxima seguridad, donde no tengan acceso a teléfonos celulares ni capacidad para continuar dirigiendo actividades desde prisión.

También propuso sistemas efectivos para bloquear señales telefónicas.

El punto generó un debate inmediato en AM.

Desde el programa se recordó que la utilización de teléfonos por privados de libertad ya está restringida y que anteriormente se implementaron sistemas de bloqueo de señal en cárceles como Palmasola.

El cuestionamiento fue directo: ¿hacen falta nuevas leyes o simplemente cumplir las que ya existen?

“No es falta de leyes”

Durante la entrevista se planteó que uno de los problemas estructurales es precisamente el incumplimiento de las normas.

Se mencionaron denuncias recurrentes de llamadas de extorsión, negociaciones y otras comunicaciones presuntamente realizadas desde centros penitenciarios.

El planteamiento desde AM fue que la corrupción o penetración del sistema penitenciario puede volver inútil cualquier nueva normativa si las instituciones encargadas de aplicarla no funcionan.

Quispe respondió que su propuesta pretende precisamente establecer responsabilidades y sanciones más claras para quienes permitan que esos sistemas de seguridad dejen de operar.

Según explicó, si un establecimiento penitenciario debe tener bloqueada la señal celular y eso no ocurre, deberían existir funcionarios claramente responsables por el incumplimiento.

Una ley especializada contra el crimen organizado

Este es el núcleo de su propuesta.

Quispe considera que Bolivia necesita una legislación diseñada específicamente para enfrentar estructuras criminales complejas y no solamente delitos individuales.

“No tenemos una normativa legislativa especializada para combatir el crimen organizado”, sostuvo.

El senador mencionó como referencia la experiencia de países como Colombia, que desarrollaron estructuras jurídicas y operativas especiales después de atravesar largos períodos de violencia vinculada a organizaciones criminales.

Su idea contempla combinar legislación penal, inteligencia, unidades policiales especializadas, control penitenciario y mecanismos de prevención.

Un cuerpo élite contra estructuras criminales

Quispe también respaldó la creación y capacitación de unidades especializadas dentro de la Policía.

Aseguró que el Plan Frontera Segura 2.0 comienza a incorporar algunos de estos elementos mediante efectivos preparados específicamente para enfrentar crimen organizado.

Para el senador, no es suficiente aumentar indiscriminadamente la cantidad de policías.

El desafío está en contar con personal especializado en organizaciones transnacionales, narcotráfico, sicariato, inteligencia y nuevas modalidades delictivas.

“Se requiere de medidas urgentes para poder hacer frente y generar seguridad a la población boliviana”, sostuvo.

Control migratorio, pero sin criminalizar nacionalidades

Quispe también planteó fortalecer los controles migratorios sobre ciudadanos extranjeros que ingresan o permanecen en Bolivia.

Durante la entrevista hizo referencia particularmente a personas provenientes de países vecinos vinculadas a investigaciones criminales recientes.

Sin embargo, la nacionalidad por sí sola no constituye un indicador de criminalidad.

El desafío para el Estado consiste en mejorar la verificación de antecedentes, movimientos fronterizos y órdenes internacionales contra personas específicamente investigadas, sin convertir el origen nacional en una presunción de delito.

Quispe relaciona la violencia con la ofensiva contra el narcotráfico

El senador presentó además su propia interpretación sobre las causas de la reciente escalada.

A diferencia de otros análisis que vinculan el incremento del delito con factores económicos, pobreza, falta de oportunidades o deterioro institucional, Quispe considera que el elemento central es la ofensiva del Gobierno contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

“Yo no lo veo por la economía; veo una lucha frontal contra el narcotráfico”, afirmó.

Según su hipótesis, determinadas organizaciones habrían perdido protección o espacios de operación y ahora estarían buscando nuevas actividades criminales o disputando el control interno de las estructuras.

Se trata de la interpretación política del senador y no de una conclusión judicial aplicable a todos los hechos violentos registrados recientemente.

Marset y la disputa por nuevos liderazgos

Quispe coincidió parcialmente con el análisis realizado anteriormente en AM por el exministro Carlos Romero.

La hipótesis plantea que, después del debilitamiento de una gran estructura vinculada a Sebastián Marset, distintas facciones podrían estar disputando espacios y liderazgo.

“Al cabecilla, como Marset, ya no lo tienen. Entonces hay pugna de estas bandas que precisamente generan esta violencia”, sostuvo Quispe.

Esta posible relación deberá ser establecida individualmente por las investigaciones correspondientes.

No existe en el material analizado evidencia que permita atribuir automáticamente los recientes sicariatos, robos o atracos a una misma organización.

¿Frontera Segura 2.0 será suficiente?

Quispe expresó confianza en el nuevo plan presentado por el Ministerio de Gobierno.

Pero incluso él reconoce que una operación coyuntural no resolverá un fenómeno estructural.

“Esto no va a parar”, advirtió al plantear qué ocurrirá si dentro de dos años resurgen nuevamente las mismas organizaciones y modalidades delictivas.

Para el legislador, el objetivo debería ser convertir la actual reacción estatal en una política permanente contra el crimen organizado.

El Plan Frontera Segura 2.0 puede funcionar como una intervención inmediata.

La pregunta es qué quedará cuando termine el operativo.

Más leyes versus mejores instituciones

La entrevista terminó exponiendo dos visiones que no necesariamente son incompatibles.

Quispe propone nuevas herramientas legales, sanciones y unidades especializadas.

Desde AM se planteó que Bolivia ya posee numerosas prohibiciones que simplemente no se cumplen debido a corrupción, falta de control o debilidad institucional.

Ese puede convertirse en el verdadero debate legislativo.

Una nueva ley puede regular cascos, polarizados, cárceles o cuerpos policiales especializados.

Pero ninguna norma funcionará si los responsables de aplicarla pueden ser corrompidos o si los mecanismos de fiscalización no operan.

De la emergencia a una política permanente

Santa Cruz atraviesa un momento de fuerte preocupación por la seguridad.

Sicariatos, atracos armados y organizaciones transnacionales han instalado una sensación de vulnerabilidad que ya está cambiando hábitos cotidianos.

Quispe propone responder con medidas visibles y concretas: identificación de motociclistas, control de vehículos, cárceles sin comunicación criminal, unidades especializadas, mayor control fronterizo y una ley contra el crimen organizado.

El desafío será determinar cuáles requieren realmente nueva legislación y cuáles dependen simplemente de hacer cumplir las normas que Bolivia ya tiene.

Porque, como admitió el propio senador, el problema no termina con un operativo.

La verdadera prueba será construir una política que funcione cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.