El debate por la nueva tarifa de Bs 3,50 en el transporte público de Santa Cruz de la Sierra ya no pasa solamente por los 50 centavos de incremento. Para el ingeniero Luis Alberto Castro, el problema de fondo es mucho mayor: la ciudad mantiene un sistema de transporte que considera obsoleto, inseguro y administrativamente caótico.
Durante una entrevista, Castro sostuvo que antes de discutir cuánto debe costar el pasaje es necesario definir qué sistema de transporte quiere tener Santa Cruz.
Según explicó, actualmente cada conductor depende de la recaudación diaria para cubrir una renta al propietario de la unidad, además del combustible y otros gastos. Esa lógica, afirmó, incentiva a los choferes a competir por pasajeros, detenerse fuera de paradas establecidas y operar bajo una estructura difícil de controlar.
Para Castro, aumentar la tarifa dentro de ese mismo modelo significa simplemente trasladar mayores costos al usuario sin resolver el problema central.
El especialista cuestionó además la falta de información precisa del municipio sobre el propio sistema. Señaló que no existirían datos suficientemente claros respecto a cuántas unidades están realmente operando, cuántas están registradas en Santa Cruz de la Sierra y cuántos vehículos tiene cada línea.
A esto sumó otro punto: los compromisos asumidos por el sector transporte en anteriores incrementos tarifarios.
Castro recordó que una de las obligaciones planteadas era avanzar hacia unidades que funcionen con GNV, combustible que —según su análisis— no sufrió el mismo incremento que otros carburantes. Por ese motivo, sostuvo que todavía resulta discutible trasladar automáticamente al pasajero el aumento de otros costos.
“En ese escenario aún no debería haberse aumentado”, señaló, argumentando que durante anteriores negociaciones quedaron pendientes compromisos que no llegaron a cumplirse.
El modelo que propone
Más allá de cuestionar el incremento, Castro planteó una transformación integral.
Su propuesta parte de un cambio clave: que el transporte deje de funcionar bajo una lógica predominantemente sindical e individual y pase hacia empresas formalmente organizadas.
El municipio, según explicó, debería definir los principales corredores de transporte, establecer cuántas unidades necesita cada línea, determinar las frecuencias según las horas de mayor y menor demanda y posteriormente licitar la operación.
También planteó que el pago al operador se establezca por kilómetro recorrido, un modelo que permitiría exigir el cumplimiento de rutas y frecuencias independientemente de cuántos pasajeros logre captar cada conductor.
Con ese esquema, durante las horas pico podrían operar buses de mayor capacidad y aumentar las frecuencias, mientras que en momentos de menor demanda podrían utilizarse unidades más pequeñas o ampliarse los intervalos entre vehículos.
El objetivo, sostuvo, sería eliminar la actual competencia por pasajeros y convertir el transporte en un servicio planificado.
“Es hora de plantear un nuevo sistema”
Castro consideró que la actual administración municipal tiene una oportunidad política poco habitual para impulsar una reforma.
Afirmó que existen distintos estudios técnicos previos sobre movilidad y destacó el trabajo desarrollado con cooperación japonesa como una base que podría ser aprovechada para comenzar una transformación real.
El especialista también comparó la situación cruceña con sistemas de transporte que observó en Brasil, donde destacó elementos como aire acondicionado, frecuencias definidas, paradas organizadas y espacios adaptados para personas con discapacidad.
Para Castro, esos ejemplos muestran que la discusión no debería reducirse a si el pasaje cuesta Bs 3, Bs 3,50 o una cifra mayor.
La discusión central, afirmó, debería ser qué servicio recibe el ciudadano por ese dinero.
Un plazo para ordenar el transporte
Aunque cuestionó la decisión de aumentar la tarifa, Castro sostuvo que comprende el contexto político y social en el que fue tomada debido al riesgo de conflictos con el sector transporte.
Sin embargo, remarcó que la medida transitoria debería venir acompañada de condiciones concretas y plazos.
Planteó que en aproximadamente 30 días el municipio debería contar con un registro completo de las unidades y datos reales del sistema. Paralelamente, recomendó preparar los términos de referencia para licitar uno o varios corredores de transporte y comenzar gradualmente la transformación.
Durante la entrevista también se mencionó un plazo de 30 días para registrar unidades y 60 días para regularizar la tributación en el municipio cruceño.
Para Castro, el verdadero desafío empieza ahora.
La tarifa de Bs 3,50 puede aliviar momentáneamente la presión del sector, pero si no viene acompañada de registro, control, planificación, nuevas rutas, empresas formales y un modelo moderno de operación, Santa Cruz seguirá pagando más por el mismo problema de siempre.
