Los municipios bolivianos vuelven a poner sobre la mesa un antiguo reclamo: la devolución de aproximadamente 701 millones de dólares que, según se explicó en el programa AM, fueron retenidos para financiar inversiones vinculadas a la exploración hidrocarburífera.
La demanda vuelve a cobrar fuerza en momentos en que alcaldías de diferentes regiones aseguran enfrentar fuertes restricciones presupuestarias y deben destinar recursos propios a áreas como salud, infraestructura y servicios básicos.
El alcalde del municipio cruceño de Cabezas, Luis Ernesto Arrázola, respaldó el reclamo y aseguró que recuperar esos recursos sería fundamental para las administraciones locales.
“Todos los municipios de Bolivia, me atrevería a decir, estamos pasando por malos momentos económicos”, afirmó.
¿De dónde salen los US$701 millones?
Durante AM se explicó que estos recursos fueron apartados años atrás con el argumento de destinarlos a inversiones en el sector hidrocarburífero.
La lógica planteada entonces era que los recursos utilizados para exploración podrían generar posteriormente mayores retornos económicos para las regiones.
Según se recordó durante la entrevista, incluso se habría planteado que una inversión podía generar una devolución equivalente a varias veces el monto inicial.
Sin embargo, Arrázola cuestionó los resultados.
“Hasta ahorita no llega una exploración a nuestros campos petroleros”, señaló.
El alcalde relacionó esta falta de resultados con los problemas actuales de abastecimiento energético que atraviesa el país.
Los municipios quieren recuperar el dinero
Arrázola señaló que buscará que las organizaciones municipales respalden el reclamo para recuperar los fondos.
Durante la entrevista indicó que aprovechará una reunión de autoridades municipales para plantear que el tema sea incorporado a la agenda.
El alcalde remarcó que se trata de recursos que hoy son necesarios para sostener servicios básicos en los municipios.
“Sí o sí necesitamos recursos económicos los municipios”, aseguró.
El reclamo no es lo mismo que el 50/50
Durante la conversación se hizo una aclaración importante.
La devolución de los US$701 millones no sería lo mismo que la propuesta política del denominado 50/50, que busca modificar la distribución futura de recursos públicos entre el nivel central y las regiones.
El reclamo por los 701 millones corresponde, según lo explicado en AM, a recursos que ya fueron descontados o retenidos anteriormente y destinados a inversiones hidrocarburíferas.
El 50/50, en cambio, plantea una discusión sobre cómo distribuir las recaudaciones del Estado hacia adelante.
Ambos debates pueden avanzar simultáneamente, pero tienen orígenes y objetivos diferentes.
Cabezas maneja Bs 43 millones al año
El alcalde puso como ejemplo la situación financiera de su propio municipio.
Arrázola aseguró que Cabezas cuenta con un POA anual de aproximadamente Bs 43 millones.
Pero una parte significativa de ese dinero termina absorbida por necesidades de salud.
Según explicó, aproximadamente la mitad del presupuesto termina relacionada con esta área.
“Yo tengo 43 millones de bolivianos al año, en el cual invierto la mitad en salud”, sostuvo.
El alcalde señaló que esta situación obliga a quitar recursos inicialmente destinados a otras áreas.
Recursos para caminos terminan financiando salud
Arrázola describió una situación que, según su versión, se repite en los gobiernos locales.
Cuando faltan médicos, medicamentos, infraestructura o recursos para atender a la población, la Alcaldía termina cubriendo esas necesidades aunque eso implique sacrificar otras inversiones.
“Hay que echarle mano a otro recurso que es para camino, para infraestructura y echárselo a salud”, explicó.
Para el alcalde, la razón es sencilla: el ciudadano acude directamente al municipio cuando necesita una solución.
“Los alcaldes son los que dan la cara”, señaló.
Cuatro ítems cuando asegura necesitar 70
La situación del personal sanitario fue uno de los ejemplos más fuertes de la entrevista.
Arrázola aseguró que recientemente el municipio recibió cuatro ítems para salud.
Pero calcula que Cabezas necesita al menos 70.
“Mínimo unos 70”, respondió cuando fue consultado sobre el déficit.
Según explicó, el municipio termina financiando salarios de médicos, enfermeras y otros profesionales para cubrir esa diferencia.
La brecha expuesta por Arrázola muestra el impacto que las obligaciones de salud tienen sobre el presupuesto municipal.
18 centros de salud para más de 35 mil habitantes
El alcalde indicó que Cabezas cuenta con 18 centros de salud y un centro referencial ubicado en el área urbana principal.
Según los datos proporcionados durante la entrevista, el municipio tiene alrededor de 35.580 habitantes.
Para Arrázola, esa dimensión territorial y poblacional explica por qué los recursos disponibles resultan insuficientes.
Las demandas llegan directamente a la Alcaldía, incluso cuando formalmente algunas responsabilidades corresponden a otros niveles del Estado.
“Hasta por un dolor de muela van a la Alcaldía”
Arrázola utilizó una frase gráfica para explicar el papel que cumplen los gobiernos municipales.
“Hasta por un dolor de muela van a la Alcaldía, tocan la puerta y hay que atenderlo”, afirmó.
Según el alcalde, responder simplemente que “no hay recursos” no es una opción políticamente viable para una autoridad local.
Por eso las alcaldías terminan redireccionando recursos desde caminos, infraestructura u otros proyectos para atender necesidades inmediatas.
El reclamo de los US$701 millones toma nueva fuerza
En ese contexto, la devolución de los recursos vinculados al IDH adquiere otra dimensión.
Para los municipios no se trata solamente de revisar una decisión tomada años atrás.
Se trata de recuperar liquidez en momentos en que aumentan las obligaciones y disminuye el margen para invertir.
El reclamo buscará ahora sumar respaldo de las organizaciones municipales y presionar para que el Gobierno y las instituciones correspondientes definan qué ocurrió con esos fondos y si existe una vía para devolverlos.
Una pregunta que queda abierta
La discusión también deja pendiente una cuestión de fondo.
Si estos recursos fueron destinados a exploración hidrocarburífera con la expectativa de generar mayores ingresos en el futuro, los municipios quieren saber qué resultados produjo esa inversión y qué pasó con la promesa de retorno.
Para Arrázola, la respuesta debería traducirse ahora en recursos concretos.
Cabezas es apenas un ejemplo.
Con un presupuesto anual de Bs 43 millones, decenas de establecimientos de salud y una necesidad de personal muy superior a los ítems recibidos, cualquier recuperación de fondos puede significar obras, servicios y atención que actualmente deben financiarse quitando dinero de otras áreas.
Por eso los municipios vuelven a mirar hacia esos US$701 millones.
Y esta vez quieren que el reclamo termine en devolución.
